Causa Vicentin: el embargo que golpea al macrismo en el piso

La causa Vicentin sumó un salto de escala judicial y política. El juez federal Julián Ercolini ordenó un embargo preventivo de más de $ 543.000 millones contra las exautoridades del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri -encabezadas por Javier González Fraga y Lucas Llach- y directivos de la cerealera, en una investigación por presunta defraudación al Estado. La medida, firmada el 30 de diciembre y conocida ahora, se suma a la inhibición de bienes que ya regía desde septiembre de 2025 y alcanza en total a 26 imputados, que deberán responder de manera solidaria por el monto estimado del perjuicio.

El caso gira alrededor de un dato clave: Vicentin le debía al Banco Nación unos USD 300 millones, pero el banco tenía bajo su control dos cuentas de garantía por donde pasaban los cobros de la empresa, cerca de USD 800 millones en el período investigado. En lugar de retener esos fondos para cancelar la deuda, según la acusación del fiscal Gerardo Pollicita, funcionarios del banco autorizaron transferencias por casi $43.450 millones hacia cuentas de libre disponibilidad, que permitieron a la firma sacar el dinero del radar de la entidad pública. El daño de la maniobra fue calculado en alrededor de USD 300 millones.

El embargo no apunta sólo a ex funcionarios del Nación. En el listado aparecen nombres pesados de Vicentin: Néstor Buyatti, Alberto Macua, Herman y Roberto Vicentin, Martín Colombo y Máximo Padoan, hijo de Alberto Padoan, ya enjuiciado en la causa Cuadernos. Para febrero y marzo están previstas 21 nuevas indagatorias, lo que sugiere que el juzgado busca consolidar la hipótesis de un acuerdo entre la conducción del banco público y la empresa para diferir, licuar o directamente eludir el cobro de la deuda cuando la cerealera ya estaba en crisis y el default era inminente.

En términos políticos, el movimiento golpea de lleno al relato del macrismo sobre su gestión económica. González Fraga y Llach habían defendido durante años que el Nación actuó como “banco de desarrollo” y que los préstamos a Vicentin respondían a una estrategia productiva. La investigación describe otra cosa: una entidad pública que, lejos de comportarse como acreedor prudente, habría facilitado la salida de fondos en beneficio de una empresa privada al borde del colapso, socializando el riesgo sobre el Estado. En un momento en que el actual gobierno discute recortes, privatizaciones y “achicar al máximo” el rol de la banca pública, el expediente funciona –aunque sea al pasar– como recordatorio de que el problema no es sólo cuánto Estado hay, sino quién lo conduce y con qué controles.

La causa recién entra en su fase más intensiva: peritajes, indagatorias, posibles procesamientos. Pero el mensaje de este embargo ya está instalado. En un contexto donde el Banco Nación vuelve al centro de la escena por su rol en la política crediticia actual y por la discusión sobre su futuro, el caso Vicentin exhibe el límite estructural: cuando la banca pública se convierte en caja de favores para grandes jugadores, el “riesgo empresario” deja de ser privado y se traslada a la sociedad. La Justicia empieza ahora a ponerle números y nombres propios a esa transferencia.