Documento filtrado en Guinea Ecuatorial revela la crisis eléctrica que el régimen oculta

La reciente filtración de una solicitud formal de audiencia dirigida al vicepresidente de Guinea Ecuatorial vuelve a poner en evidencia la opacidad con la que el régimen gestiona los servicios básicos. El escrito, firmado por el Viceministro de Electricidad y Energías Renovables, no contiene acusaciones explícitas, pero sí reconoce la existencia de situaciones críticas que afectan el funcionamiento del sector eléctrico, un reconocimiento inusual dentro de un sistema que suele negar sus propias fallas.

El dato relevante no es solo el contenido del documento, sino su necesidad. Que un alto funcionario solicite una reunión privada para advertir sobre la gravedad de la crisis revela la inexistencia de canales institucionales transparentes. En Guinea Ecuatorial, los problemas estructurales no se discuten públicamente ni se procesan en el Parlamento o ante la ciudadanía, sino que se trasladan a conversaciones reservadas dentro de la cúpula del poder.

Guinea Ecuatorial 

La electricidad como síntoma del autoritarismo

Los cortes de energía recurrentes en Malabo y otras ciudades no son un fenómeno aislado ni coyuntural. Son la consecuencia directa de décadas de concentración de poder, mala gestión y ausencia de controles independientes. La empresa estatal SEGESA, responsable del suministro eléctrico, opera sin auditorías públicas efectivas y sin rendición de cuentas, en un contexto donde la lealtad política pesa más que la eficiencia técnica.

Lejos de asumir responsabilidades, el régimen opta por administrar el deterioro. Las intervenciones del vicepresidente, presentadas oficialmente como acciones correctivas, funcionan en la práctica como mecanismos de control político. No hay reformas estructurales, ni apertura informativa, ni participación ciudadana: solo órdenes verticales que buscan contener el malestar sin resolver sus causas.

Documento oficial. 

Un sistema que castiga la transparencia

La filtración del documento debe leerse como un síntoma adicional de un sistema que castiga la transparencia y desalienta la denuncia interna. Cuando un viceministro necesita recurrir a una audiencia privada para alertar sobre una crisis que afecta a toda la población, queda expuesto el carácter profundamente autoritario del Estado. Informar se convierte en un riesgo, y el silencio, en una estrategia de supervivencia.

Mientras tanto, la población paga el costo. Apagones prolongados, actividades económicas paralizadas y servicios esenciales comprometidos forman parte de la vida cotidiana. El régimen, sostenido durante décadas por los ingresos petroleros, ha sido incapaz de traducir esa riqueza en infraestructura básica confiable, priorizando la preservación del poder sobre el bienestar colectivo.

El desgaste de una dictadura sin respuestas

Guinea Ecuatorial enfrenta hoy un escenario de agotamiento estructural. La crisis eléctrica no es solo un problema técnico: es el reflejo de un modelo político cerrado, personalista y sin mecanismos de corrección. La ausencia de prensa libre, la persecución de la disidencia y el control absoluto del Estado impiden cualquier debate real sobre soluciones.

Teodoro Obiang Nguema Mbasogo gobierna Guinea Ecuatorial desde 1979 con poder concentrado, elecciones cuestionadas y escasa rendición de cuentas.

En este contexto, documentos como el filtrado no anticipan una reforma, sino que confirman el desgaste de una dictadura que ya no puede ocultar sus fallas. El problema no es únicamente la electricidad que se corta, sino un sistema que, incluso cuando reconoce la crisis, se niega a cambiar. El colapso no es inmediato, pero el deterioro es constante y, para la población, cada vez más insoportable.