El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, analiza denunciar ante la Corte Suprema de Justicia al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el incumplimiento del fallo que obligaba al Estado nacional a transferir mensualmente fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires.
Según cálculos oficiales, la deuda acumulada alcanza los 430 mil millones de pesos desde agosto de 2025, cuando comenzaron los retrasos en los pagos. En el entorno del mandatario porteño sostienen que “ya no se trata de un atraso administrativo, sino de un incumplimiento directo de una cautelar dictada por el máximo tribunal”.
El fallo de la Corte había establecido que Nación debía girar diariamente el 1,55% de la masa coparticipable a la Ciudad, mediante transferencias automáticas. Sin embargo, con el argumento del déficit fiscal, el Ministerio de Economía modificó el esquema y pasó a realizar envíos semanales y discrecionales.
Durante los primeros meses el mecanismo se cumplió parcialmente, pero tras las elecciones porteñas de mayo los giros se volvieron irregulares. Entre agosto de 2025 y enero de 2026 se consolidó la mayor parte de la deuda actual.
Semanas atrás, Jorge Macri mantuvo una reunión con Caputo para reclamar por una cifra cercana a los 350 mil millones de pesos, aunque el encuentro no arrojó resultados concretos. La disputa se da en paralelo al reclamo de fondo por el porcentaje total de coparticipación recortado durante el gobierno de Alberto Fernández, cuya resolución definitiva sigue pendiente en la Corte.
Además del monto actual, la Ciudad reclama una deuda retroactiva estimada en USD 6.000 millones, y llegó a proponer como alternativa la cesión de terrenos en Liniers y Caballito para compensar parte del pasivo.
En el ámbito judicial, sin embargo, miran el conflicto con cautela. Fuentes tribunalicias advierten que la Corte evita convertirse en “una mesa de negociación política” y recuerdan que existen al menos 19 provincias con reclamos similares por fondos coparticipables. Hasta ahora, el tribunal ha optado por no escalar el conflicto con el presidente Javier Milei.
Cuando Nación propuso formalmente reemplazar el sistema diario por transferencias semanales, la Ciudad intentó que la Justicia obligara a cumplir el esquema original, pero el planteo fue rechazado: los jueces consideraron suficiente el compromiso asumido por el Ejecutivo nacional.
El conflicto entre la Casa Rosada y el Gobierno porteño se inscribe en una discusión más amplia sobre el reparto de recursos federales, que vuelve a tensarse con el ajuste fiscal y la centralización de fondos impulsada por la administración de Milei. Con varias provincias preparando reclamos similares, la coparticipación amenaza con convertirse en uno de los principales frentes políticos y judiciales del año, en un escenario donde la Corte busca evitar quedar atrapada como árbitro permanente de disputas que, puertas adentro, considera esencialmente políticas.