La represión recrudeció durante el segundo año de gobierno de Milei

Un nuevo informe de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) señala que la represión estatal contra manifestaciones públicas se intensificó significativamente durante el segundo año de gobierno de Javier Milei, con un marcado incremento de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Según el relevamiento, el número de intervenciones represivas se duplicó en 2025, en comparación con el año anterior, en un contexto de creciente confrontación entre sectores movilizados y el aparato estatal.

El documento detalla que en cerca de la mitad de las marchas monitoreadas las fuerzas de seguridad actuaron con violencia, registrándose un aumento tanto en el número de personas heridas como en detenciones arbitrarias. En algunos casos, los incidentes ocurrieron durante la desconcentración de las protestas, lo que elevó el nivel de tensiones y el uso de fuerza desproporcionada contra manifestantes.

Más personas heridas y detenidas arbitrariamente: la represión a la protesta social se duplicó durante el último año

La CPM publicó el tercer informe especial de la represión a la protesta social pic.twitter.com/vqEPQ3xWRM

— Comisión Provincial por la Memoria (@CPMemoria) January 9, 2026

Organismos de derechos humanos que participan del monitoreo advirtieron que estas cifras reflejan un patrón de criminalización de la protesta social y de uso excesivo de la fuerza, incluyendo situaciones en las que quedaron involucrados trabajadores de prensa, jubilados y defensores de derechos humanos.

Las findings del informe surgen en un contexto de fuerte debate público sobre la política de seguridad del Gobierno, en el que el oficialismo sostiene que su enfoque busca restablecer el orden y combatir la violencia urbana, mientras que grupos sociales y opositores denuncian un retroceso en las garantías democráticas y un aumento de prácticas represivas contra la ciudadanía.

Este diagnóstico pone en el centro de la agenda política la relación entre el ejercicio del derecho de protesta y la respuesta estatal, en medio de una administración que amplifica su uso de las fuerzas de seguridad para controlar el descontento social.

GZ