Descubren que dos mellizas de 7 años y un nene de 10 vendían drogas en Rosario

Una investigación judicial por balaceras, homicidios y amenazas vinculadas al narcomenudeo dejó al descubierto una situación extrema de vulnerabilidad: tres niños, dos mellizas de 7 años y un nene de 10, eran utilizados para la venta de drogas en distintos puntos del sur santafesino.

El hallazgo se produjo tras una serie de 70 allanamientos realizados entre jueves y viernes en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y Alvear, en el marco de causas que se tramitan por hechos violentos registrados en las últimas semanas. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de Investigaciones y fueron coordinados por fiscales provinciales de distintas unidades.

Según explicaron desde el Ministerio Público de la Acusación, las tareas de inteligencia permitieron registrar en video a los menores realizando “pasamanos” de cocaína y marihuana a los clientes, una modalidad habitual del narcomenudeo. A partir de esas pruebas, los niños fueron puestos inmediatamente a resguardo y se dio intervención a los organismos de protección de derechos.

Los fiscales detallaron que los menores vivían en viviendas donde los adultos responsables se dedicaban al fraccionamiento y comercialización de estupefacientes. En ese sentido, aclararon que no se trataba de búnkeres tradicionales, sino de domicilios familiares convertidos en puntos de venta.

En el marco de los operativos se concretaron entre diez y doce detenciones, se secuestraron una docena de armas de fuego y cerca de un kilo de cocaína, además de otros elementos de interés para las causas en trámite. Las investigaciones unifican legajos por abusos de armas, amenazas, tentativas de homicidio y asesinatos cometidos en zonas atravesadas por la disputa narco.

Desde la fiscalía remarcaron que el uso de menores para este tipo de delitos es una práctica reiterada, aunque subrayaron la gravedad particular del caso por la corta edad de los niños involucrados. “No estamos pensando en responsabilidad penal, sino en una situación de extrema explotación”, señalaron.

Además, el Ministerio Público anticipó que solicitará el derribo de al menos cuatro propiedades allanadas, como parte de una política destinada a desactivar puntos de venta de drogas y reducir la violencia asociada al narcomenudeo en la región.