La crisis política en Honduras ingresó en una nueva fase tras el pronunciamiento conjunto de ocho países latinoamericanos que rechazaron la orden de recuento general de votos impulsada por la presidenta Xiomara Castro. El comunicado, firmado por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, marcó un punto de inflexión al trasladar el conflicto desde el plano doméstico al escenario regional, donde la defensa de la institucionalidad electoral aparece como una línea roja compartida.
El eje del cuestionamiento no fue el resultado electoral en sí, sino el mecanismo elegido para impugnarlo. Al ordenar un recuento global desconociendo la autoridad del Consejo Nacional Electoral, el Ejecutivo hondureño fue percibido como un actor que tensiona las reglas del sistema en lugar de canalizar sus objeciones por las vías previstas. Esa lectura explica la dureza inusual del comunicado, que no se limitó a expresar preocupación, sino que rechazó explícitamente la medida.
El respaldo explícito al Consejo Nacional Electoral es uno de los elementos centrales del pronunciamiento regional. En contextos de polarización extrema, los organismos electorales suelen convertirse en el último anclaje de legitimidad. Al desconocer su autoridad, el gobierno hondureño abrió un flanco que fue rápidamente interpretado como una amenaza al orden democrático.
Los países firmantes no solo reafirmaron la validez de la proclamación oficial que declaró a Nasry Asfura presidente electo, sino que subrayaron que las elecciones del 30 de noviembre fueron avaladas por misiones de observación internacional. Ese detalle refuerza la idea de que el conflicto no gira en torno a irregularidades comprobadas, sino a una disputa política posterior al cierre del proceso electoral.
COMUNICADO CONJUNTO DE ARGENTINA, BOLIVIA, COSTA RICA, ECUADOR, GUATEMALA, PARAGUAY, PERÚ y REPÚBLICA DOMINCANA SOBRE LA SITUACIÓN EN HONDURAS
— Pablo Quirno (@pabloquirno) January 10, 2026
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La decisión de avanzar con un recuento general fuera del marco institucional fue leída como una señal de desconfianza hacia las propias reglas del sistema. En América Latina, donde los antecedentes de manipulación electoral siguen pesando, este tipo de iniciativas despiertan alertas inmediatas. El pronunciamiento regional funciona, en ese sentido, como un mensaje preventivo: los desacuerdos políticos no habilitan la reescritura de los resultados electorales.
El comunicado también condenó los episodios de violencia política registrados en los días posteriores a la elección, estableciendo un vínculo directo entre la incertidumbre institucional y el aumento de la conflictividad social. La defensa del orden democrático aparece así no solo como un principio abstracto, sino como una condición para la estabilidad interna.
📢 Comunicado conjunto sobre la situación en Honduras 👇 pic.twitter.com/0tR3tysHoG
— Ministerio de Relaciones Exteriores (@mreparaguay) January 10, 2026
El alineamiento de gobiernos con orientaciones ideológicas diversas revela un cambio de clima regional. Más allá de las afinidades políticas, existe un consenso básico en torno a la necesidad de preservar la autonomía de los organismos electorales. La experiencia acumulada en la región ha demostrado que cuando ese límite se cruza, el deterioro institucional suele acelerarse.
Para Honduras, el mensaje es claro. La comunidad regional no avala salidas que erosionen la credibilidad del sistema electoral, incluso cuando provienen del poder ejecutivo. La presión internacional no resuelve la crisis, pero fija un marco: cualquier transición debe respetar las reglas que garantizaron la expresión de la voluntad popular.