Quemar para producir: cuando el bosque entra en la lógica de la renta

La conferencia de prensa de Manuel Adorni en la que anunció la derogación de la reforma a la Ley de Manejo del Fuego se hizo viral por una frase que condensa toda una concepción de país. Con tono celebratorio, el jefe de Gabinete explicó que se “elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio”, porque esa norma “atentaba contra la producción”. Detrás del tecnicismo legal hay un giro profundo: dejar sin efecto una regla que buscaba cortar el incentivo económico a prender fuego el monte, para volver a atar el destino del bosque a la pulsión de la renta.

La escena se vuelve todavía más brutal si se la coloca en el paisaje de estos días. En Puerto Patriada y la Comarca Andina, el fuego arrasó miles de hectáreas de bosque nativo, implantado y matorral, destruyó viviendas y obligó a evacuar a cientos de residentes y turistas que escapaban por un único camino rodeado de llamas. Cinco focos siguen activos en la cordillera chubutense –entre ellos Puerto Patriada y el Parque Nacional Los Alerces–, con casas arrasadas, rutas cortadas y casi 500 brigadistas y bomberos trabajando al límite en condiciones de viento, sequía y calor extremos.

Hasta ahora, la reforma impulsada en 2020 por Máximo Kirchner había intentado poner un dique a la especulación: prohibía cambiar el uso del suelo en áreas incendiadas durante 30 años en zonas agropecuarias y 60 años en bosques nativos y humedales, justamente para desincentivar que alguien viera en el fuego un atajo hacia el negocio inmobiliario o el desmonte fácil. El gobierno actual leyó esa protección como una “traba a la producción” y anunció que volverá al esquema previo: sin esos plazos, el campo quemado puede reingresar rápidamente al circuito de loteos, desarrollos turísticos, ampliación agrícola o forestal intensiva. La secuencia es clara: si la ley deja de separar fuego y renta, el mercado vuelve a hacer el cálculo.

Ahí aparece la tensión de fondo que la conferencia viral apenas roza pero no oculta: ¿qué es la tierra? ¿Un soporte para maximizar el rendimiento económico en el menor tiempo posible o un tejido de bienes comunes –bosque, agua, clima, paisaje– que nos sostiene a todos, incluso a quienes viven de producir? Los incendios en la Patagonia recuerdan que no se trata sólo de árboles: son poblaciones evacuadas, rutas cortadas, servicios colapsados, turistas huyendo, economías regionales paralizadas y una pérdida ecológica que no se recupera en décadas. Globalmente, 2024 marcó un récord de pérdida de bosques por incendios: 6,7 millones de hectáreas de selva tropical arrasadas, con el fuego desplazando a la agricultura como principal causa de destrucción.

La lógica de “liberar la producción” aplicada a las tierras quemadas empuja en la dirección contraria a esa evidencia. Si quemar deja de ser un mal negocio y vuelve a ser una puerta de entrada a usos más rentables –sea soja, forestación intensiva o urbanizaciones de alto impacto–, el bosque se convierte en una etapa descartable del ciclo productivo. La ley ya no funciona como límite a la pulsión de la renta sino como su vehículo: se normaliza que el territorio sea un insumo que se quema, se registra y se reconfigura según la oportunidad de mercado. Los discursos oficiales que reducen todo a “sacar trabas” invisibilizan ese riesgo: formalmente se habla de libertad económica; materialmente se habilita que la frontera entre el cuidado y el saqueo la marque el precio de la hectárea.

También acá aparece, de manera incómoda, la otra cara de la discusión: lo público. Cada vez que la montaña se prende fuego, los primeros en llegar no son los fondos de inversión sino los brigadistas del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, los parques nacionales, los hospitales provinciales, las escuelas convertidas en centros de evacuados, los municipios que abren caminos y coordinan logística. Ese entramado estatal –con todos sus déficits presupuestarios y sus vaciamientos– es lo único que se interpone entre el incendio y la intemperie absoluta. La pregunta de fondo, entonces, no es si “la producción” debe existir o no, sino bajo qué reglas: si el Estado usa el derecho para separar el negocio del fuego y proteger el bosque como espacio común, o si reescribe las normas para que, después, parezca natural que un bosque calcinado haya sido sólo el prólogo de un nuevo emprendimiento rentable.