Con el aval político del Consejo Europeo, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea entra ahora en el terreno más sensible: el Congreso argentino. El tratado será firmado el próximo 17 de enero en Asunción, durante la cumbre de presidentes del bloque regional, y deberá ser refrendado por Diputados y Senado para entrar en vigencia. Su tratamiento irrumpe en una agenda legislativa ya tensionada por la discusión de la reforma laboral y expone nuevas negociaciones para el oficialismo.
En la Casa Rosada todavía no está definido si el proyecto será incorporado al actual período de sesiones extraordinarias o si quedará para marzo. Pero el tema ya empezó a moverse entre bloques: a diferencia de la reforma laboral, el acuerdo comercial cosecha apoyos transversales, incluso en sectores de la oposición dialoguista, que lo ven como una oportunidad para mejorar el perfil exportador de la Argentina.
El cálculo político también juega. En el Gobierno advierten que una demora en la ratificación podría favorecer a Brasil en el reparto de cupos de exportación hacia Europa, un dato que suma presión interna y externa en un contexto de relación fría entre Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva. En paralelo, gobernadores de provincias productivas siguen de cerca el avance del tratado por su impacto directo en economías regionales.
Para habilitar el debate parlamentario, primero deberá reactivarse la Comisión de Relaciones Exteriores en ambas cámaras. En Diputados, la salida de Fernando Iglesias tras su designación como embajador abrió una disputa por la presidencia de la comisión, mientras que en el Senado continúa al frente el libertario Francisco Paoltroni, una pieza clave para ordenar la estrategia del oficialismo en la Cámara Alta.
Más allá de la discusión política, el acuerdo promete efectos concretos sobre sectores estratégicos: eliminación o reducción de aranceles para productos agroindustriales, mejora en el acceso para carnes, pesca, cítricos y economías regionales, y reducción de costos para industrias que dependen de insumos europeos. Esa combinación explica por qué, incluso dentro de bloques críticos del Gobierno, hay legisladores que miran el tema con menos resistencia que otras iniciativas de la Casa Rosada.
La llegada del tratado al Congreso también reactiva una grieta más profunda sobre el modelo de desarrollo. Mientras el oficialismo libertario apuesta a una apertura acelerada y a una inserción global sin demasiadas regulaciones, sectores del peronismo, el sindicalismo industrial y parte del radicalismo advierten que sin políticas de transición productiva el acuerdo podría dañar a la industria nacional. La votación, cuando llegue al recinto, no solo ordenará mayorías: también dejará expuesta la posición real de cada espacio frente al rumbo económico del país.