La crisis financiera de los municipios de Corrientes dejó de ser un problema aislado y pasó a configurar un cuadro estructural. En las últimas semanas, decenas de comunas declararon la emergencia económica y financiera, suspendieron pagos y comenzaron a exhibir públicamente balances incompletos, deudas impagables y presuntas irregularidades administrativas heredadas de gestiones anteriores, incluso dentro del mismo signo político.
Los 74 municipios de la provincia atraviesan dificultades severas: cajas vacías, compromisos sin respaldo presupuestario, documentación faltante y una seguidilla de denuncias judiciales que involucran a exfuncionarios. El fenómeno desmiente el discurso de prolijidad fiscal sostenido durante años por el gobernador saliente Gustavo Valdés y por su sucesor, su hermano Juan Pablo Valdés.
Los casos se multiplican. En Paso de la Patria, la nueva gestión declaró la emergencia hasta diciembre de 2026 tras detectar “una transición irregular” y graves inconsistencias administrativas. En Gobernador Virasoro, el municipio suspendió pagos acumulados desde 2017 y llegó al extremo de vender como chatarra motos secuestradas para generar ingresos mínimos. En Mburucuyá, el intendente Edgard Galarza Florentín denunció la desaparición de chequeras, deudas ocultas y documentación clave, y prepara acciones judiciales contra la gestión anterior de Kelo Guastavino.
La situación se repite en Mercedes, Santa Rosa, Corrientes Capital, Goya, Curuzú Cuatiá e Ituzaingó, donde incluso transiciones dentro del oficialismo provincial revelaron cesaciones de pago, balances “dibujados” y compromisos financieros que nadie quiere asumir. Mientras tanto, los intendentes reconocen dificultades para afrontar sueldos y gastos básicos.
El contraste político es evidente: mientras los municipios declaran emergencia, la Legislatura provincial aprobó sin debate un Presupuesto 2026 de 3,5 billones de pesos y autorizó al Ejecutivo a endeudarse por otros 200.000 millones. La contradicción entre el relato de orden y la realidad territorial comienza a erosionar la credibilidad del esquema político que gobierna Corrientes desde hace más de una década.
La fragilidad financiera no se limita al plano local. La administración de Juan Pablo Valdés heredó un cuadro fiscal delicado: el gasto provincial creció 39% por encima de los ingresos, el déficit supera los 160.000 millones de pesos y la deuda proyectada ronda los 184.905 millones. La demora y el pago en cuotas del bono navideño para estatales terminó de exponer la falta de liquidez. A eso se suma el impacto del ajuste nacional y la caída de la coparticipación. El resultado es un modelo que empieza a crujir desde abajo hacia arriba, con intendentes que ya anticipan que dependerán del auxilio provincial para sobrevivir políticamente.