El escándalo de YMAD reabre la interna entre Tucumán, Catamarca y Milei

La decisión del gobierno de Javier Milei de retirar a la Nación del directorio de Yacimiento Minero Aguas de Dionisio (YMAD) no fue un gesto administrativo neutro. El decreto publicado esta semana en el Boletín Oficial consolidó el control de la minera en manos de Catamarca, bajo el liderazgo del gobernador Raúl Jalil, y reactivó una vieja herida política e institucional con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

La jugada fue leída en el Congreso como una retribución política: el senador catamarqueño Guillermo Andrada fue clave para que el oficialismo lograra aprobar el Presupuesto 2026 y artículos sensibles vinculados al ajuste en educación, ciencia y defensa. A cambio, Jalil obtuvo lo que perseguía desde hace años: desplazar al histórico representante tucumano Rodolfo Campero del manejo operativo de YMAD.

El trasfondo es más profundo. Desde la ley de creación del ente en 1959, la UNT debía recibir el 40% de las regalías mineras para financiar la construcción de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. Ese proyecto nunca se concretó. Lo que sí existió fue una investigación judicial que terminó con la condena del exrector Juan Cerisola a tres años y seis meses de prisión por el desvío de al menos 243 millones de pesos entre 2006 y 2009.

Junto a Cerisola también fueron condenados Olga Cudmani y Osvaldo Venturino, exfuncionarios clave del área de infraestructura universitaria. Sin embargo, dentro del radicalismo tucumano admiten en voz baja que la red de responsabilidades fue más amplia y que la causa judicial apenas rozó a sectores con fuerte peso político.

Durante esos años, la UNT estuvo representada en YMAD por Mario Marigliano y luego por el propio Campero, tío del diputado mileísta Mariano Campero. Fue en ese período cuando se firmaron acuerdos con Minera Alumbrera que derivaron en fideicomisos, adelantos de regalías y fondos que jamás fueron destinados a la obra para la que estaban previstos.

Las pruebas materiales están a la vista: estructuras de hormigón abandonadas en la cima del cerro, obras inconclusas y ningún desarrollo urbano equivalente al proyecto original. A pesar de eso, en 2008, Cerisola firmó un decreto interno asegurando que la ciudad universitaria estaba “terminada”, lo que habilitó el recorte del flujo de fondos sin cumplir con el mandato legal.

El tema incomodó tanto al oficialismo libertario como al gobierno provincial de Osvaldo Jaldo. En 2024, la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich fue explícita: denunció públicamente que “se comieron la ciudad universitaria” y que los fondos “terminaron en corrupción”. Jaldo, en sintonía, sostuvo que el problema no era el presupuesto educativo sino “el desvío de recursos”.

En paralelo, la ADIUNT (Asociación de Docentes e Investigadores) denunció que la sentencia judicial “no modificó la estructura de negocios ni de desvío” y que varios actores clave del esquema financiero quedaron fuera del proceso. Legisladores provinciales también señalaron que hubo inversiones inmobiliarias y compras de bienes que jamás tuvieron vínculo con el proyecto universitario.

La trama política detrás del decreto de Milei

La disputa por YMAD refleja algo más que un conflicto entre provincias: expone cómo el rediseño de poder que impulsa Javier Milei reordena alianzas territoriales y reabre expedientes incómodos que el sistema político prefirió mantener cerrados durante años. En nombre del ajuste y la gobernabilidad, la Casa Rosada interviene sobre estructuras históricas como la minera interestadual sin resolver el núcleo del problema: la opacidad en el manejo de fondos públicos, la persistencia de responsabilidades políticas nunca asumidas y la utilización de recursos estratégicos como moneda de negociación parlamentaria.