Caso Salmain: cómo influyó la causa por corrupción y dólares fugados en su nuevo revés

La situación judicial del juez federal Gastón Salmain suma un nuevo capítulo adverso. La Cámara Federal de Rosario rechazó nuevamente su pedido de autorización para salir del país, en una causa donde está procesado por corrupción y con prisión preventiva dictada, aunque no efectivizada por los fueros que lo protegen.

Salmain había solicitado viajar a Europa entre diciembre de 2025 y enero de 2026 para reencontrarse con sus hijos, quienes ya se encontraban en el exterior. Su defensa argumentó que la negativa anterior provocó un “daño institucional permanente” y que la restricción funcionaba como una “sanción anticipada”, más allá de que la Cámara de Casación incluso habilitó la feria judicial para que el tribunal rosarino revisara el planteo.

Sin embargo, el fiscal de Cámara Javier Arzubi Calvo fue categórico: sostuvo que el magistrado intentó entorpecer la investigación y remarcó que “la prohibición de salida del país, como medida de resguardo del proceso, resulta razonable y proporcional”. La posición fue acompañada por los camaristas Ricardo Moisés Vásquez, Elida Isabel Vidal y Silvina María Andalaf Casiello, quienes consideraron que el viaje tenía carácter “estrictamente vacacional” y que no se acreditó ninguna imposibilidad para reprogramarlo.

El fallo también expuso un punto político-institucional sensible: la Cámara subrayó que la denegatoria no vulnera la inmunidad de arresto que protege a Salmain como juez, y advirtió que extender ese privilegio más allá de su finalidad constitucional implicaría romper el principio de igualdad ante la ley. Un mensaje directo a un Poder Judicial cuestionado por sus zonas de autoprotección.

El trasfondo del caso es aún más delicado. Salmain fue procesado junto al financista Fernando Elías Whpei y el escribano Santiago Busaniche, acusados de haber favorecido a un fideicomiso con la salida de 10 millones de dólares durante las restricciones cambiarias del final del gobierno de Alberto Fernández. La acusación fiscal sostiene que existió un pacto para otorgar un beneficio judicial a cambio de una coima de 200 mil dólares, aunque el pago no se habría concretado tras cambios políticos que alteraron el desenlace del expediente.

La causa que compromete al juez

El juez federal Carlos Vera Barros dictó la prisión preventiva y la prohibición de salida del país por la gravedad de los hechos y el riesgo procesal, mientras que la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura analiza su situación, con un jury de enjuiciamiento como posible desenlace institucional.