Diez años presa: qué puede pasar ahora con la libertad condicional de Milagro Sala

Este viernes se cumplirán diez años desde la detención de la dirigente social Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru, condenada en dos causas judiciales y con una pena unificada de quince años de prisión. Al haber cumplido los dos tercios de la condena, sus abogados quedan habilitados a tramitar el pedido de libertad condicional, tal como prevé el artículo 13 del Código Penal.

Sala fue detenida el 16 de enero de 2016 en San Salvador de Jujuy, poco después de la asunción del entonces gobernador Gerardo Morales, tras participar de un acampe frente a la Casa de Gobierno provincial. Desde entonces, su situación judicial se convirtió en uno de los casos más polémicos del sistema político y judicial argentino, con fuerte impacto en el debate sobre independencia judicial, persecución política y uso del poder punitivo.

Las condenas que pesan sobre la dirigente incluyen una causa por amenazas telefónicas y otra por asociación ilícita y desvío de fondos públicos destinados a viviendas sociales. La pena unificada fue ratificada en 2025 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dejando firme el fallo del Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy. Para la defensa, sin embargo, se trata de un proceso plagado de irregularidades y motivado por razones políticas.

En paralelo, la situación de salud de Sala volvió a poner presión pública sobre el caso. Desde el 28 de diciembre, permanece internada en el Hospital de Gonnet, en La Plata, donde cumple prisión domiciliaria. Su médico personal, Jorge Rachid, habló de un cuadro de descompensación física y emocional vinculado al estrés, el hostigamiento judicial y el deterioro acumulado tras años de encierro.

La defensa, encabezada por la abogada Alejandra Cejas, denunció nuevas presiones de fiscales y jueces jujeños, intentos de indagatoria sin jurisdicción y situaciones que —según sostienen— vulneran estándares básicos de derechos humanos. Organismos como el CELS y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mantienen desde hace años el caso bajo observación internacional.

Más allá de la cuestión jurídica, el aniversario reactiva un dilema político más amplio: mientras el oficialismo jujeño y sectores opositores sostienen que se trata de una condena legítima por corrupción, amplios sectores del peronismo y los organismos de derechos humanos siguen presentando a Sala como un símbolo de persecución judicial y disciplinamiento político.

Una década que divide a la política

Para sus defensores, los diez años de prisión de Sala reflejan el funcionamiento de un sistema judicial condicionado por el poder político en Jujuy. Para sus detractores, en cambio, el caso representa un ejemplo de que incluso dirigentes con fuerte poder territorial pueden ser juzgados y condenados. La eventual concesión —o rechazo— de la libertad condicional volverá a tensar esa grieta.