La provincia de Mendoza cerró el año económico 2025 con una mejora real del 1,5% respecto de 2024, un dato que el gobierno de Alfredo Cornejo presentó como señal de ordenamiento fiscal. Sin embargo, el balance completo deja una conclusión menos optimista: comparada con 2023, la recaudación provincial muestra una caída real del 6,6%, un retroceso que expone la profundidad del impacto económico de los últimos dos años.
Desde el Ministerio de Hacienda, que conduce Víctor Fayad, reconocieron que la comparación positiva interanual debe leerse con cautela. “El 2024 fue una base muy mala, cayeron fuertísimo los recursos”, admitieron fuentes oficiales. El propio ministro graficó la pérdida con un dato político sensible: a valores actuales, la provincia resignó el equivalente a una masa salarial y media de la administración pública, unos 180 mil millones de pesos.
El informe oficial detalla que durante 2025 la Administración Pública Provincial recaudó $3,9 billones, de los cuales $2,3 billones provinieron de ingresos nacionales por coparticipación y $1,6 billones de recursos propios. La mejora en fondos nacionales estuvo explicada principalmente por el crecimiento del Impuesto a las Ganancias, mientras que el IVA se mantuvo estancado, reflejando la debilidad del consumo y de la actividad económica.

En el plano provincial, los ingresos propios quedaron prácticamente neutros, con una variación real negativa del 0,3%. El impuesto sobre los Ingresos Brutos, principal sostén de la caja mendocina, no mostró crecimiento real, mientras que las regalías cayeron un 19% por menor producción petrolera, tipo de cambio real más bajo y cambios en las concesiones. El contraste lo aportaron el impuesto a los Sellos, con una suba del 14%, y el Inmobiliario, que creció 38% tras la actualización de avalúos y la detección de construcciones no declaradas.
El diagnóstico hacia adelante también expone tensiones políticas. Desde Hacienda advirtieron que una eventual reforma del régimen de Impuesto a las Ganancias incluida en el proyecto de reforma laboral tendría impacto negativo sobre las finanzas provinciales. Aunque el Gobierno mendocino expresó su respaldo al proyecto por estar alineado con una política de reducción impositiva, reconocen que “no será inocuo” para una provincia que todavía no logró recuperar el nivel de recursos previo a la crisis.
La mejora contra 2024 permitió mostrar orden fiscal y evitar un deterioro mayor, pero los números dejan en evidencia que Mendoza todavía opera con una capacidad recaudatoria sensiblemente inferior a la de 2023, un límite estructural para cualquier promesa de expansión del gasto o mejora de servicios.