¿Milei llega a febrero con control del Congreso o expone su debilidad política?

El Gobierno de Javier Milei enfrenta en febrero una prueba que excede ampliamente la cuestión económica: necesita demostrar que puede ordenar el Congreso y convertir poder discursivo en poder legislativo real. La baja del riesgo país por debajo de los 500 puntos se transformó, en los hechos, en un objetivo político: aprobar la reforma laboral que ya tiene dictamen en el Senado, pero que sigue sin fecha cierta de tratamiento en el recinto.

La Casa Rosada había planificado cerrar 2025 con dos victorias parlamentarias que funcionaran como señal de gobernabilidad: el Presupuesto 2026 y la reforma laboral. Solo consiguió una. La segunda quedó trabada en la negociación con los bloques aliados, que empezaron a marcar distancia frente al apuro libertario. “Con las dos leyes, el Gobierno mostraba orden político. Hoy esa fortaleza está en duda”, reconoció un senador que participó de las conversaciones con Patricia Bullrich, encargada del operativo diálogo en la Cámara alta.

La interna con los aliados: apoyo condicionado y desgaste acumulado

En los bloques dialoguistas ya no hay cheque en blanco. La queja se repite en voz baja pero de manera transversal: el Ejecutivo exige rapidez, pero no termina de construir consensos sólidos. “Nos piden que acompañemos todo, pero después nos dejan pagando costos políticos en nuestras provincias”, explicó un legislador de peso que suele votar con el oficialismo pero que ahora exige cambios concretos en el texto laboral.

Ese malestar se profundizó con la estrategia comunicacional del mileísmo: anuncios grandilocuentes, metas ambiciosas y cronogramas que luego no se cumplen. En el Congreso empiezan a leer ese desfasaje como un problema político, no solo de gestión. “Cuando el Gobierno promete algo y no llega, el desgaste también nos pega a nosotros”, admiten.

La reforma laboral, convertida en campo de disputa política

El capítulo tributario del proyecto es uno de los principales puntos de conflicto. Allí se concentran las exigencias de modificación de los aliados y la resistencia del oficialismo a ceder demasiado. La discusión ya no gira solo en torno al contenido técnico, sino al costo político de quedar asociados a una reforma sensible en un contexto social frágil.

“Si no hay cambios, la votación artículo por artículo va a ser áspera y larga”, anticipan en despachos que hasta hace semanas daban el apoyo por descontado. El kirchnerismo, mientras tanto, espera ese escenario para endurecer la confrontación y explotar cualquier fisura en el bloque oficialista-amigable.

Las otras leyes prometidas que siguen en pausa

El cuadro se completa con otros proyectos que el Gobierno anunció como prioritarios y que hoy están empantanados. La ley de glaciares y la de estabilidad monetaria aguardan tratamiento sin urgencias visibles. El caso más simbólico es el del Código Penal, anunciado como una reforma estructural pero que ni siquiera fue ingresado formalmente al Congreso, generando dudas incluso entre legisladores cercanos al Ejecutivo.

En privado, varios aliados empiezan a plantear una inquietud concreta: ¿hay planificación legislativa real o solo acumulación de anuncios? La respuesta a esa pregunta empieza a definir el clima político de cara a febrero.

El verdadero test: cuánto poder real tiene Milei fuera de las redes

Si la reforma laboral vuelve a postergarse, el problema para el oficialismo no será el riesgo país sino la percepción de debilidad política. En el Congreso ya circula una conclusión incómoda para la Casa Rosada: el Presidente conserva centralidad pública, pero su capacidad de disciplinar voluntades legislativas está lejos de estar consolidada.