La declaración del estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario para el partido de Pehuajó, dispuesta por el gobierno bonaerense nueve meses después de las inundaciones que azotaron al distrito, generó indignación entre los productores rurales.
El decreto, publicado el último martes 6 de enero, que estableció la emergencia entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, llegó cuando el daño económico ya estaba hecho y completamente desfasado de los reclamos del campo realizados entre marzo y julio del año pasado.
Desde la Sociedad Rural de Pehuajó (SRP) recordaron que durante el pico de la emergencia hídrica no hubo acompañamiento efectivo y responsabilizaron tanto al intendente Pablo Zurro como al gobernador Axel Kicillof.
A nivel local, señalaron que el jefe comunal se negó a realizar los trámites cuando realmente se necesitaban —desoyó tres pedidos, según los ruralistas—, mientras que a la Provincia le reclamaron falta de empatía para tomar la decisión política de incluir al distrito dentro del lote de municipios asistidos, más allá de las gestiones burocráticas que debía concretar la comuna.
La ayuda llegó varios meses más tarde y fue recibida con enojo por parte del sector, que consideró que la demora vació de sentido cualquier alivio fiscal
Según advirtieron, hoy la situación productiva está más atravesada por la sequía que por el agua acumulada meses atrás, lo que volvió “abstracta” una declaración que llegó cuando los productores ya habían pagado sus impuestos por temor a las intimaciones del fisco.
“El resumen es que uno entiende que fue con mala intención”, sostuvo Eric Cassels, presidente de la Sociedad Rural de Pehuajó, en declaraciones a Newsdigitales, donde cuestionó la inacción de las autoridades.
Cassels explicó que la declaración llegó fuera de tiempo y forma. “Hoy ya estamos más para pedir la emergencia por seca que por inundación”, ironizó, al remarcar que la realidad productiva del distrito cambió por completo respecto de marzo, cuando se registraron las lluvias más intensas.
En ese contexto, el dirigente agropecuario consideró que el retraso dejó al sector sin herramientas reales para atravesar el momento más crítico, cuando los campos estaban anegados y sin posibilidad de producir o siquiera acceder a las tranqueras.
“La lluvia grande fue en marzo, pero después en julio llovieron entre 90 y 150 milímetros, cuando lo habitual en ese mes es prácticamente cero. Sobre un partido inundado, que caiga esa cantidad de agua es un desastre. Lo que ya estaba complicado se volvió a empeorar”, describió.
Desde la entidad rural detallaron que la mayoría de los productores que inicien el trámite, a lo sumo, accederán a la categoría de emergencia, que implica únicamente la postergación del Impuesto Inmobiliario. “Para que te den el desastre tenés que demostrar pérdidas superiores al 80%, tanto productivas como de acceso al campo. Hubo gente que sí lo tuvo, pero a la mayoría se le da la emergencia — rige con más del 50% de afección—, que solo pospone el pago de un impuesto”, graficó.
“Si no te la dieron durante la inundación, ¿qué sentido tiene anotarse ahora, cuando ya se pagaron todos los impuestos de estos nueve meses?”, cuestionó Cassels.
Otro de los puntos que generó mayor enojo fue el plazo administrativo. Tras nueve meses de espera, los productores cuentan con apenas diez días para volver a presentar la documentación. “Se tardaron nueve meses y te dan diez días para hacer el trámite”, cuestionó el presidente de la Rural de Pehuajó.
En efecto, los interesados disponen de pocas horas para realizar la carga digital de la declaración jurada que les permitiera acceder al beneficio. Entre otros requisitos, deben generar un usuario asociado al CUIT de la persona que explota el establecimiento agropecuario, con una habilitación previa del municipio para completar el envío de la documentación.
Esa situación desalentó a buena parte del sector. “No tiene sentido que alguien haga el esfuerzo de ir a la municipalidad para que le den una emergencia de algo que ya pagó. Es ridículo”, afirmó Cassels.
“Está decretado de septiembre hasta febrero o marzo, que es la revisión. Algunos sé que hicieron el trámite, pero honestamente dudo que mucha gente se vaya a anotar”, vaticinó.
Según relató, muchos productores ya cumplieron con el pago de los impuestos por temor a intimaciones. “Si no pagabas te llegaban cartas y avisos. Entonces esto claramente fue para que la gente pagara y no se cortara el ingreso de recursos”, sostuvo.
A la hora de explicar lo ocurrido, el titular de la Sociedad Rural de Pehuajó responsabilizó tanto al municipio como a la Provincia y advirtió sobre una presunta intencionalidad en la demora de la ayuda.
En particular, remarcó que mientras Pehuajó permaneció sin asistencia, los municipios vecinos sí fueron incluidos en tiempo y forma. Mencionó a Trenque Lauquen, Bolívar, 9 de Julio, Henderson y Carlos Casares. “Parece que Pehuajó estaba en una isla, flotando arriba de todo eso, y nunca estuvo en emergencia”, cuestionó.
Para el dirigente rural, la responsabilidad fue compartida. Cuestionó que el intendente no hubiera solicitado la emergencia cuando correspondía y que la Provincia no la hubiera otorgado por lógica y sentido común. “Cada vez estoy más convencido de que fue con saña y mala intención”, resumió.
Según Cassels, la actitud del intendente Pablo Zurro fue históricamente confrontativa con el sector rural. “El intendente siempre tomó al sector agropecuario como si fuera la contra, cuando él tiene campo y es productor también”, cuestionó.
En ese sentido, contrastó la enemistad de la gestión municipal con el aporte del campo a la economía local: “La gente de campo en pueblos chicos vive el pueblo y consume en el pueblo. Todo lo que queda de ingresos queda en la localidad. Y cualquiera que anda en el interior sabe que cuando al campo le va bien, los pueblos prosperan. Y cuando le va mal, se siente en la economía del lugar, como en esta época en la que mucha gente perdió el 100% de la cosecha”.