Un temible violador serial de ancianas cumplió 70 años y pidió la libertad

La posibilidad de una salida anticipada volvió a cerrarse para Oscar Ernesto Barraza, el hombre condenado por una serie de ataques sexuales que marcaron a Córdoba a comienzos de los años 2000. A sus 70 años, y pese a los reiterados planteos de su defensa, la Justicia ratificó que no reúne las condiciones para acceder a la prisión domiciliaria.

Barraza fue sentenciado en 2008 por la Cámara 6ª del Crimen a 25 años de prisión por 15 abusos sexuales con acceso carnal, cuatro tentativas de abuso, un hecho gravemente ultrajante y varios robos calificados. Los hechos ocurrieron entre 1999 y 2004 y tuvieron como víctimas a mujeres de entre 52 y 84 años que vivían solas en barrios como San Martín, Providencia y Crisol.

La investigación que permitió detenerlo en diciembre de 2006 fue contundente. El perfil genético hallado en una botella de gaseosa resultó clave para identificarlo y vincularlo con los ataques, incluso por encima de declaraciones que durante el juicio pusieron en duda su autoría. Los jueces priorizaron la prueba de ADN por su fuerza objetiva frente a testimonios afectados por el shock y la edad de las víctimas.

El patrón delictivo reconstruido en el expediente describió ingresos nocturnos a las viviendas, maniobras de reducción y aislamiento de las víctimas, abusos sexuales y robos posteriores. En varios casos, el agresor cortaba el cable del teléfono para dejarlas incomunicadas. Los peritajes señalaron que elegía a mujeres mayores por considerarlas un “objeto menos ansiógeno”, en el marco de una fantasía de reivindicación personal.

Los informes psicológicos y psiquiátricos fueron determinantes. Si bien establecieron que Barraza comprende y dirige sus actos, también advirtieron rasgos psicopáticos, componentes sádicos y una tendencia compulsiva a repetir conductas antisociales. Esa evaluación sigue pesando en cada pedido de morigeración de la pena.

Actualmente, el condenado cumple su sentencia en la Cárcel de Villa Dolores, bajo la órbita de la jueza de Ejecución Penal Soledad Juncos. Aunque los informes penitenciarios destacan su buena conducta y su trabajo en la panadería del penal, la magistrada fue clara al rechazar los planteos: la edad, por sí sola, no habilita beneficios. A eso se suma su condición de reincidente, con antecedentes por complicidad en un homicidio y una tentativa de robo calificado.

Según explicó la jueza, el consejo del Servicio Penitenciario de Córdoba no considera que esté en condiciones de acceder a un período de prueba, lo que también bloquea las salidas transitorias. En ese escenario, la libertad condicional permanece descartada.

Con los beneficios cerrados, Barraza permanecerá detenido casi hasta completar la condena. Recién el 29 de junio de 2031 podrá solicitar la libertad asistida, un trámite que exige una evaluación exhaustiva para descartar riesgos para la sociedad y para las víctimas. Hasta entonces, la Justicia mantiene la misma postura: seguirá preso.