El Concejo Municipal de Rafaela ya tiene a su primer concejal que decidió reducirse voluntariamente el sueldo. Se trata de Lisandro Mársico, referente del Partido Demócrata Progresista, quien solicitó formalmente adherir al nuevo régimen de dieta compensatoria aprobado en diciembre y renunciar al salario pleno que perciben actualmente los ediles.
La medida fue presentada mediante una nota elevada a la presidencia del Concejo, donde Mársico pidió acogerse al esquema alternativo que vincula la remuneración al índice RIPTE -el promedio de los salarios formales del país- y no a la paritaria municipal. En términos concretos, implica pasar de un ingreso cercano a los 4 millones de pesos mensuales a poco más de 1,1 millón, además de resignar el cobro del aguinaldo.
La decisión adquiere un peso político que excede lo administrativo. No solo porque convierte a Mársico en el primer adherente al nuevo sistema, sino porque deja al resto del cuerpo legislativo frente a una disyuntiva incómoda: sostener el esquema tradicional de sueldos altos o explicar públicamente por qué no siguen el mismo camino.
Desde el entorno del concejal sostienen que la medida es coherente con una posición histórica. En su presentación, Mársico argumentó que la política no puede mantenerse desconectada de la realidad económica de los vecinos y que el Estado debe dar señales concretas de austeridad. No es la primera vez que adopta ese tipo de posturas: años atrás ya había renunciado a beneficios impositivos para funcionarios y respaldado congelamientos salariales en la administración pública local.
La reforma salarial, aprobada el 18 de diciembre de 2025, habilita a cada concejal a optar entre dos regímenes: mantener la dieta tradicional ajustada por paritaria o vincular sus ingresos al RIPTE, con actualizaciones semestrales. Es un sistema voluntario, pensado justamente para transparentar y descomprimir la discusión social sobre los ingresos de la política. Hasta ahora, sin embargo, solo Mársico dio el paso.
En el plano administrativo, el Concejo ya inició las adecuaciones contables para aplicar el nuevo esquema en su caso, lo que incluye la eliminación del cálculo de aguinaldo y la actualización automática por índice salarial nacional. Desde la presidencia del cuerpo confirmaron que la presentación cumple con todos los requisitos legales y fue aceptada sin objeciones.
Más allá del impacto individual, la decisión de Mársico instala una discusión incómoda pero inevitable en la política local: cuánto deben ganar los representantes y qué señales están dispuestos a dar en un contexto económico adverso. En tiempos donde el discurso sobre la austeridad atraviesa a buena parte del sistema político, el gesto funciona como una vara que ahora mide al resto del Concejo.