La liberación de una veintena de presos políticos en Venezuela se produjo en un contexto de alta fragilidad institucional y reacomodo del poder tras la caída del núcleo duro del chavismo. El anuncio fue presentado como un paso hacia la normalización política, pero su alcance real sigue siendo objeto de debate. Para amplios sectores de la oposición y de la sociedad civil, se trata de una medida parcial que no modifica las condiciones estructurales de persecución política ni garantiza el cese definitivo de las detenciones arbitrarias.
El impacto simbólico de las excarcelaciones es innegable, sobre todo por la inclusión de ciudadanos extranjeros y de figuras vinculadas a casos emblemáticos de derechos humanos. Sin embargo, el carácter limitado y poco transparente del proceso refuerza la percepción de que el poder interino busca administrar gestos de apertura sin perder control sobre los resortes coercitivos del Estado. La ausencia de una lista oficial completa y de criterios claros alimenta la desconfianza.
#URGENTE | Hasta el momento podemos confirmar la excarcelación del preso político:
— Realidad Helicoide (@RHelicoide) January 12, 2026
Yerwin Torrealba
Las excarcelaciones parciales no son un favor.
Son una obligación del Estado frente a crímenes que nunca debieron ocurrir.
Es importante recalcar que en Venezuela la cifra de… pic.twitter.com/ptpqvAYeD2
En el plano doméstico, las liberaciones funcionan como una herramienta de gestión política en un escenario marcado por la fragmentación institucional. El gobierno interino intenta proyectar una imagen de distensión mientras mantiene intactas las estructuras de seguridad y justicia heredadas. Esta dualidad permite reducir presión social inmediata sin avanzar en reformas profundas que podrían debilitar su posición frente a actores internos aún leales al antiguo régimen.
La oposición, por su parte, enfrenta el dilema de celebrar las excarcelaciones sin convalidar una narrativa oficial de reconciliación incompleta. Varios dirigentes advierten que aceptar estos gestos como un punto de llegada implicaría normalizar un sistema que sigue criminalizando la disidencia. El debate interno se centra en cómo capitalizar las liberaciones para exigir cambios más amplios sin quedar atrapados en una lógica de concesiones mínimas.
En el ámbito internacional, las excarcelaciones han sido leídas como una señal dirigida principalmente a Estados Unidos y a la Unión Europea. La liberación de ciudadanos extranjeros apunta a descomprimir tensiones diplomáticas y a mejorar la posición negociadora de Caracas en temas sensibles como sanciones, financiamiento y reconocimiento político. Este movimiento busca mostrar capacidad de interlocución sin comprometer reformas estructurales inmediatas.
A mediano plazo, el efecto de estas decisiones dependerá de su continuidad y coherencia. Si las liberaciones quedan circunscriptas a episodios puntuales, el gesto perderá credibilidad y reforzará la idea de un uso instrumental de los derechos humanos. En cambio, un proceso sostenido y verificable podría abrir una ventana para redefinir la relación entre poder, justicia y oposición en una Venezuela aún atrapada en su transición inconclusa.