Alerta por la SIDE: organizaciones de derechos humanos exigen derogar el DNU de Inteligencia

Una veintena de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales reclamaron este lunes al Congreso Nacional la derogación del DNU que reforma la Ley de Inteligencia, al considerar que la norma “debilita los controles democráticos” y habilita prácticas que vulneran garantías constitucionales, como la aprehensión de personas sin autorización judicial.

El planteo quedó plasmado en un documento conjunto firmado, entre otras entidades, por Amnistía Internacional Argentina, el CELS, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Poder Ciudadano, Democracia en Red, Fundación SES y Fundación Vía Libre, que instaron al Parlamento a rechazar el decreto impulsado por el Poder Ejecutivo.

“Un DNU inconstitucional y sin controles”

Las organizaciones señalaron que el DNU constituye una reforma “grave” del sistema de inteligencia al ampliar la discrecionalidad estatal y concentrar mayores atribuciones en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“Advertimos que se trata de un DNU manifiestamente inconstitucional, que amplía la discrecionalidad estatal y habilita prácticas que creíamos superadas. El Congreso debe rechazarlo”, expresaron en el documento difundido públicamente.

Según sostuvieron, la norma debilita los mecanismos de control democrático y abre la puerta a abusos en nombre de la seguridad nacional.

Aprehensiones sin orden judicial y riesgo de arbitrariedades

Uno de los puntos más cuestionados es la facultad otorgada a la SIDE para “aprehender” personas sin precisar criterios claros, garantías procesales ni autorización judicial.

“Por primera vez en democracia, la SIDE puede proceder a la aprehensión de personas sin control judicial”, advirtieron, y alertaron que esta habilitación “deja el camino abierto a detenciones arbitrarias, persecución política e intimidación”.

En ese sentido, calificaron la medida como un intento de transformar al sistema de inteligencia en “una especie de policía secreta sin control”.

Vigilancia masiva y uso discrecional de datos personales

Las entidades también denunciaron que el decreto obliga a más de 15 organismos públicos a compartir datos personales de la población con la SIDE, sin establecer procedimientos claros ni mecanismos de control efectivos.

“Se vuelve una herramienta para la vigilancia masiva”, señalaron, y advirtieron sobre los riesgos de concentrar grandes volúmenes de información en un solo organismo, en un contexto donde “las filtraciones de datos son frecuentes y el Estado carece de una política adecuada de seguridad de la información”.

Además, cuestionaron que la SIDE pueda compartir información con agencias extranjeras sin autorización judicial y bajo un régimen de secreto absoluto.

Secreto total y ausencia de control ciudadano

Otro aspecto rechazado es que el DNU establece que las actividades de inteligencia serán encubiertas por definición, lo que impediría a los ciudadanos saber si están siendo investigados, bajo qué motivos y con qué información.

“El secreto es la regla. No hay forma de reclamar si se equivocan o abusan”, alertaron las organizaciones, al tiempo que remarcaron que la norma no prevé ningún tipo de control ciudadano sobre el accionar de la SIDE.

Críticas al rol de las Fuerzas Armadas

El documento también cuestiona que el decreto habilite a las Fuerzas Armadas a realizar tareas de inteligencia sobre “organizaciones no estatales”, sin precisar alcances ni criterios.

“Durante décadas, Argentina trabajó para separar claramente defensa y seguridad interna. Este decreto borra esa frontera y constituye un retroceso histórico peligroso”, afirmaron, al recordar las lecciones aprendidas tras la última dictadura militar.

El debate que se abre en el Congreso

El DNU 941/2025 fue dictado el 31 de diciembre y deberá ser enviado al Congreso para su tratamiento. Una vez ingresado, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo contará con diez días hábiles para analizarlo, aunque la oposición ya anticipó que buscará llevar el debate al recinto para rechazarlo.

En ese escenario, el reclamo de las organizaciones de derechos humanos se suma a las críticas políticas y jurídicas que rodean al decreto, en medio de un fuerte debate sobre los límites del poder estatal y la vigencia de las garantías democráticas.

ND