La vicepresidenta Victoria Villarruel viajó este lunes a Epuyén, una de las zonas más afectadas por los incendios forestales que azotan a la Patagonia, y adelantó que promoverá en el Senado una actualización del Código Penal para agravar las penas contra quienes provoquen el fuego.
Durante su recorrida, Villarruel lamentó la reiteración de este tipo de tragedias y sostuvo que es necesario aplicar sanciones más severas. “Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder”, afirmó, en referencia a las versiones que circularon sobre los presuntos responsables de los incendios.
La titular del Senado explicó que su iniciativa buscará establecer penas de cárcel efectiva para los responsables de iniciar incendios, ya sea de manera dolosa, negligente o fortuita.
Además, señaló la necesidad de mejorar la coordinación entre el Estado nacional y las provincias para combatir las llamas de manera más eficiente.
“La Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales, tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego. Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos”, expresó Villarruel al justificar su propuesta legislativa.
En ese marco, la vicepresidenta citó el artículo 41 de la Constitución Nacional, que consagra el derecho a un ambiente sano y la obligación del Estado de preservarlo y restaurarlo cuando resulta dañado. “La Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras. Nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, sostuvo.

Mientras continúan los incendios y ya son miles los evacuados en la región, la investigación judicial avanza para determinar el origen del fuego.
El fiscal general de Chubut, Carlos Díaz Mayer, rechazó las acusaciones que apuntan a una supuesta responsabilidad de comunidades mapuches y aclaró que, hasta el momento, no existen pruebas que vinculen a grupos organizados con los incendios.
En paralelo, el jefe de la Policía de Chubut, Andrés García, informó que las pericias y testimonios abrieron una línea investigativa vinculada a una disputa interna por tierras dentro de una comunidad cercana al lugar donde se habría iniciado el foco ígneo. Las autoridades remarcaron que el fuego fue provocado de manera intencional, aunque aún no hay imputados.
En el contexto de la catástrofe, la oposición y los bomberos voluntarios advirtieron sobre la merma de recursos en el Presupuesto 2026 y reclamaron que se declare la emergencia en las zonas afectadas. Denuncian, además, que el Gobierno nacional mantiene deudas con los cuarteles, lo que dificulta el despliegue operativo en la Patagonia.
La situación sigue siendo crítica y mantiene en el centro del debate la responsabilidad política, judicial y presupuestaria frente a una tragedia ambiental que se repite año tras año.
ND