La frase de Chiqui Tapia sobre la causa AFA que reavivó la pregunta por la caja

“Lo llevo tranquilo, no estoy imputado”. Con esa frase, Claudio “Chiqui” Tapia eligió marcar su posición frente al escándalo que sacude a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. Fue su primera reacción pública luego de que trascendieran denuncias judiciales por presuntas irregularidades en el manejo de fondos vinculados a contratos internacionales de la Selección.

El problema para Tapia no es únicamente judicial. Es político. Las acusaciones reabrieron una discusión estructural sobre cómo se administra el negocio del fútbol argentino, quién controla sus recursos y qué red de relaciones sostiene el poder de la conducción afista desde hace años.

En su paso por Mar del Plata, el presidente de la AFA intentó mostrarse distendido, destacó el afecto de la gente y buscó desacreditar el impacto público del caso. “Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, dijo en diálogo con La Nación. Pero puertas adentro, la incomodidad es evidente: el tema ya no se limita al plano judicial y empieza a filtrarse en el terreno político.

El entramado político que rodea a la AFA

La figura de Tapia siempre estuvo asociada a vínculos con sectores del poder territorial. En los últimos días, esa trama volvió a quedar expuesta. Durante su estadía en la costa bonaerense recibió a Carlos Bianco, ministro de Gobierno de Axel Kicillof, y a Santiago Pérez Teruel, asesor general de la provincia. 

La secuencia se completa con reuniones recientes con intendentes alineados al oficialismo bonaerense como Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Federico Achával (Pilar). Un mapa de relaciones que exhibe hasta qué punto la conducción del fútbol argentino funciona también como un actor con peso propio dentro del ecosistema político.

En San Vicente, por ejemplo, el club Estrella del Sur de Alejandro Korn, presidido por Mantegazza, bautizó su estadio con el nombre “Chiqui Tapia” y este año debutará en la Primera C. Un dato que, lejos de ser anecdótico, alimenta la percepción de un sistema de reciprocidades entre política local y estructura futbolera.

Qué dicen las denuncias judiciales

Las acusaciones que rodean al presidente de la AFA surgieron a partir de una denuncia del empresario Guillermo Tofoni y derivaron en un proceso judicial que se tramita en Estados Unidos. En ese marco, se incorporaron documentos bancarios que revelan movimientos financieros bajo investigación.

Parte de los ingresos generados por contratos internacionales de la Selección habrían sido canalizados a través de la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Florida, en lugar de ingresar directamente a cuentas institucionales de la AFA. Ese esquema, siempre de acuerdo a lo que consta en la causa, habría permitido una administración paralela de fondos y un circuito con bajo nivel de control interno.

Los registros judiciales incluyen transferencias millonarias, pagos a sociedades comerciales sin actividad comprobada y giros a personas vinculadas al entorno de dirigentes. Todo ese material forma parte hoy de una investigación en curso. Tapia, por ahora, no está imputado formalmente, pero el impacto político ya es innegable.

El desgaste de un poder demasiado cerrado

Desde 2017, Tapia construyó un control casi absoluto sobre la estructura del fútbol argentino. Asamblea alineada, oposición neutralizada y respaldo transversal de distintos sectores políticos le permitieron consolidar un liderazgo sin fisuras visibles.

Las denuncias actuales alteran ese equilibrio. No porque exista una amenaza inmediata de desplazamiento, sino porque quiebran el blindaje simbólico que sostuvo su gestión durante años. La falta de explicaciones institucionales claras por parte de la AFA empieza a pesar más que cualquier declaración tranquilizadora.

Tapia apuesta a una estrategia clásica: minimizar el conflicto, mostrarse firme, sostener sus apoyos y dejar que el tema se diluya en la agenda. Pero el escenario ya cambió. El fútbol, una vez más, quedó expuesto como lo que siempre fue en la Argentina: una caja de poder demasiado grande para quedar fuera del debate público.