GIRA FEDERAL
13/01/2026 - Edición Nº1071
Política
Tensión federal
Casa Rosada y Senado: por qué la reforma laboral abre un frente con las provincias
13/01/2026 | El dictamen libertario abre un frente sensible con las provincias y siembra malestar en bloques dialoguistas. En el Senado ya advierten por el costo político.
La discusión por la coparticipación convirtió a la reforma laboral en un problema político que empieza a incomodar incluso a quienes venían sosteniendo al oficialismo.
La reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei dejó de ser solo una discusión técnica para convertirse en un problema político de alto voltaje. En las últimas horas, el foco pasó por el impacto que tendría sobre la coparticipación federal, un punto que encendió alarmas en varias provincias y comenzó a erosionar la relación entre la Casa Rosada y los aliados parlamentarios que necesita para avanzar con su agenda.
El dictamen firmado en diciembre en el Senado por La Libertad Avanza generó inquietud entre gobernadores y legisladores provinciales, que advierten que la caída de recursos podría representar el equivalente a uno o dos meses de pago de salarios en distritos que ya vienen ajustados. “En el Senado representamos a las provincias. No se entiende cómo pretenden que acompañemos esto”, deslizó un legislador opositor que hasta ahora venía colaborando con el oficialismo.
La molestia no es solo económica: es política. “¿A varios que rechazamos la reinstauración de Ganancias en el paquete fiscal de 2024 ahora nos piden esto?”, se quejó otro senador, reflejando una incomodidad que empieza a generalizarse en los bloques dialoguistas.
Aliados incómodos y advertencias internas
En despachos que suelen funcionar como soporte legislativo del Gobierno reconocen que la situación es delicada. “Supongamos que estamos mejor en la macro, aunque la salida de la recesión todavía no se ve. Decime cómo hace un gobernador si en semanas le sacan recursos equivalentes a uno o dos meses de sueldos”, razonó un senador que suele votar con el oficialismo.
Desde el propio oficialismo intentaron descomprimir. “No parece ser tan grave, cada provincia es distinta”, aseguró un legislador libertario. Pero el problema no está solo en los números: está en la señal política que transmite la Casa Rosada a sus socios circunstanciales.
El temor es que la reforma laboral termine funcionando como una trampa para los bloques que acompañaron al Gobierno durante 2024 y 2025. Apoyarla podría implicar pagar el costo ante sus territorios. Rechazarla, quedar expuestos como “obstructores” frente a la narrativa libertaria.
La sospecha de una jugada táctica
En sectores del PJ y también entre algunos dialoguistas crece otra lectura: que el Gobierno sabe que el artículo que afecta la coparticipación es difícil de sostener y que podría usarlo como ficha de negociación. “Mi apuesta es que lo van a usar como moneda de cambio cuando se acerque la sesión. Estará en manos del Presidente y de los ministerios de Economía y del Interior”, explicó un senador peronista con llegada a gobernadores.
La estrategia no sería nueva. Durante las sesiones extraordinarias de diciembre, la Casa Rosada mostró más pragmatismo del que pregona públicamente. Ajustó textos, cedió en artículos clave y negoció voto a voto para garantizar resultados. La duda ahora es si volverá a hacerlo o si insistirá con una postura más rígida que termine dinamitando los puentes construidos.
Bullrich, el Senado y el límite del pragmatismo
La jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich, anunció que retomará reuniones con empresarios, gremios y bloques opositores. Pero los interlocutores ya no muestran la misma predisposición que hace meses. “El oficialismo creció y está bien que maneje la agenda, pero el costo político de acelerar sin freno nos desgasta como aliados”, admitió un senador que participó de las negociaciones previas.
La advertencia es clara: acompañar al Gobierno sin condiciones también tiene límites. Y la coparticipación toca el nervio más sensible de cualquier dirigente con responsabilidades territoriales.
Contexto político: febrero, Congreso y una agenda que cruje
La reforma laboral no es el único proyecto que espera tratamiento. También están en fila la ley de glaciares, el dictamen de estabilidad monetaria y, en un plano más conflictivo, la posible reforma del Código Penal, que ya generó tensiones incluso antes de ingresar formalmente al circuito legislativo.
Con el inicio del período ordinario el 1 de marzo, el Gobierno enfrenta un dilema estratégico: sostener su lógica de confrontación permanente o preservar la red de acuerdos mínimos que le permitió aprobar leyes clave durante su primer año. La reforma laboral, lejos de ordenar ese escenario, amenaza con exponer sus fragilidades.
