Camioneros bajo la lupa: la maniobra que disparó denuncias y frenó las urnas

La suspensión judicial de las elecciones en el Sindicato de Camioneros de Corrientes no es un hecho administrativo más: es un golpe político directo a la estructura que responde a Hugo Moyano en el interior del país. El fallo que dejó sin efecto los comicios previstos para el 11 de enero desnudó un entramado de irregularidades, proscripción interna y denuncias por presunta defraudación que ya escalaron a la Justicia.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial con Competencia Laboral de Monte Caseros, a cargo de Amelia Itatí Olivieri, luego de que una lista opositora denunciara exclusión arbitraria, falta de transparencia y violación de los derechos democráticos básicos dentro del gremio. La decisión judicial dejó en una posición extremadamente incómoda a Ángel “Wallas” Díaz, secretario general interino del sindicato provincial y dirigente alineado al moyanismo.

El costo político de blindar a los propios

Detrás del expediente judicial hay algo más profundo: una interna sindical que ya no puede ocultarse. Díaz, que asumió tras el desplazamiento de Emilio Rotela, quedó en el centro de las sospechas por intentar impedir la participación de la lista encabezada por Alejandro Benítez y Alberto Blanco, de la Agrupación 11 de Junio.

Para la oposición, la maniobra no fue aislada sino parte de un patrón: cerrar el sindicato para preservar el control de una conducción cuestionada. “Hay una directiva de Hugo Moyano de no dejarnos participar”, denunció Blanco, dejando explícito que el conflicto ya escaló desde lo provincial hacia la conducción nacional.

La suspensión de las elecciones en Corrientes se suma, además, a decisiones similares adoptadas por la Justicia en Santa Fe y San Luis, donde también se frenaron comicios de estructuras alineadas al moyanismo por irregularidades. El patrón empieza a ser demasiado evidente como para seguir siendo presentado como hechos aislados.

Acusaciones por desvíos millonarios y una conducción bajo sospecha

El escenario se vuelve todavía más delicado cuando aparecen los números. Las denuncias presentadas ante la Justicia incluyen transferencias desde cuentas del sindicato hacia cuentas personales por montos que superan los 200 millones de pesos. Según las actuaciones judiciales, Díaz habría transferido más de 100 millones de pesos a su cuenta personal entre enero y diciembre de 2024, sin justificación ni rendición clara.

Las investigaciones también involucran al secretario gremial Mario Alberto Blanco, y a empleados administrativos acusados de realizar decenas de transferencias con conceptos simulados. En algunos casos, los fondos terminaron incluso en cuentas de familiares directos sin ningún vínculo formal con el sindicato.

Aunque hasta ahora las imputaciones formales alcanzaron a empleados administrativos, la documentación judicial y las denuncias apuntan directamente al corazón de la conducción. El dato político es inevitable: la estructura que responde al moyanismo aparece asociada no solo a prácticas antidemocráticas internas, sino también a un manejo opaco de fondos sindicales.

Una crisis que excede a Corrientes

En el fondo, lo que estalla en Corrientes es una discusión más amplia sobre el modelo sindical que representa Hugo Moyano. La oposición interna ya no se limita a cuestionar nombres propios: denuncia un sistema cerrado, concentrado en pocos dirigentes, desconectado de los afiliados y funcional a lógicas de poder que poco tienen que ver con la defensa de los trabajadores.

“El sindicato lo manejan menos de 200 personas. El resto de los afiliados está afuera de todo, incluso del acceso pleno a la obra social”, describió Blanco. La acusación golpea donde más duele: en la legitimidad social de una conducción que históricamente se presentó como defensora de los derechos laborales.