Kicillof busca ampliar la Corte bonaerense: tensión por los lugares para la oposición

La negociación por la Suprema Corte bonaerense y el cargo de subprocurador general se da sobre una realidad aritmética ineludible: El oficialismo tiene 24 de los 46 senadores, justo la mayoría absoluta que exige la Constitución para aprobar jueces de la Corte, procurador y subprocurador, hoy vacante.

Eso significa que Axel Kicillof puede, si quiere, llevar al recinto un paquete de pliegos y aprobarlo sin un solo voto opositor. En la práctica, eso le permite al oficialismo quedarse con los cuatro lugares vacantes del máximo tribunal, no obstante, se buscaría relegar un sillón para la oposición, con el objetivo de negociar y lograr la sanción con mayor amplitud de respaldos.

Por eso, la verdadera disputa ya no está en el peronismo -que discute sus propios nombres- sino en la oposición, que pelea entre sí por ese potencial único lugar disponible.

Romero: el candidato de Bullrich y Milei

El PRO y el mileísmo empujan con fuerza a Marcelo Romero, ex fiscal de La Plata y actual funcionario del gobierno nacional de Javier Milei. Su figura tiene un doble respaldo de peso: Por un lado, Patricia Bullrich, que lo promovió durante años en su estructura política y de seguridad. Por el otro, la Casa Rosada libertaria, que hoy lo tiene dentro del Estado nacional.

Romero aparece como el candidato más “nombrado” de la oposición y el que Pablo Petrecca, Guillermo Montenegro y el armados de LLA Sebastián Pareja tendrían que negociar para introducir en las ternas.

Su figura no depende de acuerdos territoriales ni de intendentes, sino del alineamiento político entre el PRO duro y el mileísmo. Si el peronismo decide concederle un lugar a la oposición, Romero es el nombre que pasa sin mayores obstáculos en ese espacio.

Sánchez Herrero: la UCR juega su propia carta

Del otro lado está Marina Sánchez Herrero, abogada marplatense, ex vicepresidenta del Consejo de la Magistratura de la Nación y esposa del senador Maximiliano Abad, uno de los jefes políticos de la UCR bonaerense.

A diferencia de Romero, su candidatura no descansa en el poder nacional sino en una red territorial y política a la que Kicillof busca cautivar, contener y conducir con miras al 2027: Senadores e intendentes de la UCR y aliados.

En ese aspecto, Abad debe por un lado sostener en pie a su esposa para que pueda ser la candidata que ocupe el lugar de la oposición a la par que recompone relaciones con sus correligionarios después de los últimos cierres electorales y una interna que terminó judicializada por denuncias cruzadas de fraude y falta de transparencia entre propios y ajenos.

En ese esquema, Sánchez Herrero busca moverse como una candidata de consenso interno, pero su mayor obstáculo es justamente ese: necesita acuerdos en una oposición cada vez más fragmentada, mientras el PRO y Milei avanzan con un nombre presuntamente ya cerrado.

El paquete completo: Corte y subprocurador

La pelea no se limita a la Corte. En el mismo paquete entraría el cargo de subprocurador general, que también requiere acuerdo del Senado y que forma parte de la estrategia de Kicillof para reordenar la Procuración, hoy conducida por Julio Conte Grand, designado en tiempos de María Eugenia Vidal.

Con la mayoría en el Senado, Fuerza Patria puede cerrar un paquete completo: Tres ministros propios en la Corte y el subprocurador. Y, si decide ceder algo, un solo lugar para la oposición.

Por eso la oposición no discute cuántos cargos obtiene, sino quién se quedaría con el único sillón que puede conseguir. Y ahí es donde chocan dos lógicas: la del poder nacional de Bullrich y Milei, que empuja a Romero, y la del radicalismo bonaerense, que juega a Sánchez Herrero como una ficha más cercana al poder territorial de los intendentes en la provincia.

Los cuales quieren para avanzar, que se derogue la ley que limita las reelecciones indefinidas y que se garanticen los fondos para avanzar con obras y brindar más seguridad en sus distritos, sin ser “discriminados” en el reparto por no pertenecer a los dos polos opuestos de poder que se han aglutinado con fuerzas en las últimas elecciones.

Los intendentes buscan la re-re

Hoy, muchos intendentes del peronismo y también de la oposición ven en la negociación judicial una oportunidad para reabrir ese debate y colar en el mismo acuerdo legislativo una reforma que les permita volver a competir sin límites.

Así, la ampliación de la Corte, el nombramiento del subprocurador y la ley de reelecciones empiezan a entrelazarse en una sola rosca: un gran paquete de poder donde cada actor intenta cobrar su precio antes de que Kicillof baje los pliegos al recinto.

Al hablar de las negociaciones pendientes que aún quedan por resolverse en el Senado bonaerense que conduce Verónica Magario, no se puede pasar por alto que todavía no fueron designados cinco de los seis vicepresidentes del cuerpo, quedando sólo Carlos Kikuchi en línea sucesoria del gobernador provincial.

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires funciona con solo tres ministros en actividad: Hilda Kogan, que ejerce la presidencia del cuerpo; Daniel Soria, uno de los jueces de mayor antigüedad del tribunal; y Sergio Torres, ex juez federal incorporado a la Corte en 2019. La reducción del tribunal a menos de la mitad de su integración legal -que es de siete miembros- explica la urgencia política por cubrir las vacantes y reequilibrar el funcionamiento del máximo órgano judicial bonaerense.