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03/03/2026 - Edición Nº1120
Política
En Diputados
Compras online en la mira: el proyecto del peronismo que apunta a Mercado Libre
13/01/2026 | La iniciativa busca evitar que la mercadería que ingresa de contrabando se comercialice a través de plataformas digitales. Cómo sería la regulación.
El proyecto pretende una regulación más dura sobre las plataformas de comercio electrónico.
Los diputados del peronismo Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley que propone un nuevo marco de protección integral de los derechos de los consumidores en el ámbito del comercio electrónico y de toda intermediación digital de bienes y servicios.
La iniciativa busca actualizar la normativa vigente para adaptarla a las dinámicas del entorno digital, estableciendo mayores obligaciones para las plataformas y reforzando los mecanismos de trazabilidad, transparencia y control.
El proyecto alcanza a todas las plataformas digitales que faciliten o intermedien transacciones comerciales dirigidas a consumidores ubicados en la Argentina, con independencia del lugar donde estén radicadas las plataformas o los proveedores.
Obligaciones reforzadas para las plataformas digitales
La propuesta establece que las plataformas deberán garantizar que cada publicación incluya información clara, suficiente y veraz sobre los bienes o servicios ofrecidos.
En el caso de bienes nuevos, se exige un detalle amplio que incluye descripción del producto, datos completos del proveedor, fabricante o importador, condiciones de garantía, plazos de entrega, precio final con costos adicionales y documentación que acredite el origen y la procedencia de la mercadería.
Además, las plataformas deberán verificar la identidad, la condición fiscal y el domicilio legal de los proveedores antes de habilitar la oferta de bienes o servicios, con actualizaciones periódicas obligatorias.
— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) January 12, 2026
Trazabilidad y control de mercadería importada
Uno de los ejes centrales del proyecto es el control de la comercialización de bienes importados. Para estos casos, se exige que las publicaciones y las facturas incluyan el identificador completo del despacho de importación o del documento aduanero de ingreso.
Las plataformas deberán conservar esta información en archivos electrónicos y ponerla a disposición de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) cuando sea requerida.
El texto faculta a la ARCA a realizar inspecciones y requerimientos de información para verificar la legítima introducción de las mercaderías al país, con el objetivo de prevenir el contrabando y la evasión tributaria.
Responsabilidad solidaria frente a los consumidores
El proyecto introduce un régimen de responsabilidad solidaria entre las plataformas y los proveedores. Ambas partes responderán frente al consumidor por incumplimientos contractuales, defectos de los productos, infracciones a normas de seguridad, sanidad, propiedad intelectual, defensa del consumidor y lealtad comercial, así como por el incumplimiento en el pago de tributos y aranceles aduaneros.
Asimismo, se prevé que las plataformas puedan ser solidariamente responsables del pago de tributos a la importación cuando permitan la comercialización de bienes importados sin cumplir con los requisitos de acreditación exigidos por la normativa.
Kelly Olmos, exministra de Trabajo en la gestión de Alberto Fernández y una de las autoras del proyecto.
Sanciones y autoridad de aplicación
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Industria y Comercio, que tendrá a su cargo el control del cumplimiento de la ley.
Las infracciones podrán ser sancionadas con las penalidades previstas en la Ley de Defensa del Consumidor y en el régimen de Lealtad Comercial, además de las sanciones específicas contempladas en el Código Aduanero, que incluyen multas, suspensión o bloqueo de operaciones.
En los fundamentos, los autores señalan que el crecimiento del comercio electrónico no fue acompañado por una actualización equivalente del marco normativo, lo que generó asimetrías de información y dificultades para la fiscalización estatal.
Según el texto, el objetivo es evitar que las plataformas digitales sean utilizadas para dar apariencia de legalidad a mercaderías ingresadas de manera irregular al país y para proteger tanto a los consumidores como al comercio lícito y a la industria local.
El proyecto también plantea complementar las políticas de control aduanero y de fronteras, adaptándolas a las nuevas modalidades de comercialización digital, y reforzar la tutela efectiva de los derechos de los consumidores en el entorno online.
