La ola de protestas que recorre Irán desde fines de 2025 expuso con crudeza los límites del régimen teocrático islámico frente al disenso social. Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas contra el deterioro económico y la falta de libertades derivó en una respuesta estatal de una violencia excepcional. La represión, según fuentes oficiales iraníes y organismos independientes, habría provocado alrededor de 2.000 muertos, una cifra que ubica a este episodio entre los más sangrientos de Oriente Medio en los últimos años fuera de un conflicto armado abierto.
El uso sistemático de la fuerza letal contra manifestantes desarmados marca un punto de inflexión. Las fuerzas de seguridad, incluidas unidades de la Guardia Revolucionaria, actuaron con munición real, detenciones masivas y un control estricto de la información. El corte de internet y la censura interna buscan limitar la visibilidad internacional de una represión que ya no puede ocultarse del todo, pese a los esfuerzos del régimen por controlar el relato.
El carácter teocrático del sistema político iraní condiciona la forma en que el poder responde a la protesta. La legitimidad del régimen no se apoya solo en estructuras estatales, sino en una interpretación religiosa del orden político que no admite cuestionamientos públicos. En ese marco, la protesta pacífica es leída como una amenaza existencial, no como una expresión legítima de malestar social.
Las autoridades justificaron la violencia bajo la narrativa de la conspiración externa, atribuyendo las movilizaciones a potencias extranjeras y grupos "terroristas". Sin embargo, los testimonios recogidos por organizaciones de derechos humanos describen un patrón consistente de represión indiscriminada. La mayoría de las víctimas serían civiles sin participación armada, incluidos jóvenes y mujeres, lo que refuerza la caracterización de la represión como una masacre de manifestantes pacíficos.

La magnitud de la violencia plantea interrogantes sobre la respuesta de la comunidad internacional. Si bien hubo condenas diplomáticas y llamados a la moderación, las reacciones concretas fueron limitadas, en parte por el peso geopolítico de Irán y por el temor a una escalada regional. Este silencio relativo contrasta con la gravedad de los hechos y debilita los mecanismos globales de protección de derechos humanos.
Iranians are done with the Islamic Republic.
— National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) January 13, 2026
Its embassies must be shut down.
Around the world, Iran's true national flag, the Lion and Sun, is once again being raised.#RiseIran pic.twitter.com/1hxFWvpBCf
Más allá del corto plazo, la represión masiva deja secuelas profundas. La legitimidad interna del régimen se erosiona, el vínculo entre Estado y sociedad se fractura y la posibilidad de una salida negociada se vuelve cada vez más remota. La masacre de protestantes pacíficos no solo marca uno de los episodios más violentos de los últimos años en Oriente Medio, sino que redefine el futuro político de Irán, con consecuencias que difícilmente queden confinadas a sus fronteras.
