14/01/2026 - Edición Nº1072

Política

Polémica resolución

Claudio Vidal vs. jueces K en Santa Cruz: nuevo round por los sueldos de $24 millones

14/01/2026 | El gobernador de Santa Cruz y todo su gabinete salieron con los tapones de punta contra miembros de la Justicia local.



El gobierno de Santa Cruz salió con dureza a cuestionar a los jueces del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que aprobaron un esquema de aumentos salariales que llevará las remuneraciones de algunos magistrados a cifras cercanas a los 24 millones de pesos mensuales.

La decisión judicial, que prevé incrementos escalonados y anticipados hasta octubre de 2026, desató un fuerte conflicto institucional y profundizó el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo provincial y la cúpula del Poder Judicial.

El aumento acumulado alcanza el 42%, producto de subas mensuales del 4% entre enero y julio de 2026 y del 3% entre agosto y octubre del mismo año, consolidando además incrementos ya otorgados durante 2025. La medida fue dispuesta mediante una resolución interna firmada por cuatro vocales del TSJ.

Los jueces involucrados y el trasfondo institucional

La resolución lleva las firmas de Reneé Fernández, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Fernando Basanta, magistrados identificados políticamente con el kirchnerismo. Se trata de los mismos jueces que, en diciembre pasado, declararon inconstitucional la ampliación del Tribunal Superior de cinco a nueve miembros, impulsada por el oficialismo en la Legislatura provincial, y que durante meses se negaron a abonar los salarios de los cuatro vocales designados a propuesta del gobernador Claudio Vidal.

Este antecedente profundizó la tensión entre ambos poderes y consolidó un escenario de confrontación abierta en torno al funcionamiento, la composición y los privilegios del máximo tribunal provincial.

Reneé Fernández, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

Claudio Vidal y su cruzada contra la “Justicia del pasado”

El gobernador Claudio Vidal encabeza desde el inicio de su gestión una ofensiva política contra sectores del Poder Judicial a los que acusa de haber sido cómplices de la corrupción kirchnerista durante las últimas décadas. En ese marco, el mandatario consideró el autoaumento salarial como una señal de desconexión con la realidad social y económica de la provincia.

A través de sus redes sociales, Vidal calificó la decisión como “un acto de burla y una falta de respeto a la sociedad de Santa Cruz” y cuestionó la legitimidad e idoneidad de los jueces involucrados. “Durante 30 años fueron cómplices del saqueo y hoy están atrincherados en privilegios”, expresó, al tiempo que sostuvo que ese comportamiento “no es Justicia, sino encubrimiento del pasado y bloqueo del futuro”.

Críticas desde otras áreas del gobierno provincial

El rechazo al aumento judicial se extendió a otros funcionarios del gabinete. La presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, apuntó contra el rol histórico del Poder Judicial en el deterioro de áreas clave del Estado provincial, en particular el sistema educativo. Según sostuvo, mientras se desfinanciaban las escuelas y se postergaba a generaciones enteras de estudiantes, la Justicia “miró para otro lado” y garantizó la impunidad del modelo de gestión anterior.

En términos similares se expresó el presidente de Vialidad Provincial, Julio Bujer, quien calificó los aumentos como una “vergüenza nacional” y una señal institucional negativa. Bujer comparó el impacto económico de los incrementos con la inversión necesaria para realizar durante dos años tareas de demarcación, señalización y mantenimiento vial en toda la provincia, y remarcó el contraste entre los salarios de privilegio y el trabajo de los operarios que sostienen la red vial en condiciones climáticas extremas.

Un nuevo capítulo del conflicto entre poderes

El autoaumento salarial del Tribunal Superior de Justicia suma así un nuevo capítulo a la disputa política e institucional que atraviesa Santa Cruz. Mientras el oficialismo provincial insiste en la necesidad de reformar estructuras que considera heredadas de un sistema corrompido, el Poder Judicial enfrenta crecientes cuestionamientos por sus decisiones internas, sus niveles salariales y su rol durante los años de hegemonía kirchnerista en la provincia.

El conflicto, lejos de cerrarse, anticipa nuevos cruces entre los poderes del Estado y reabre el debate sobre la transparencia, la razonabilidad de los ingresos judiciales y la legitimidad social de las instituciones en un contexto de ajuste y restricciones económicas.