Ignacio Torres exige una Ley de Ecocidio: "Quienes incendien bosques deben estar presos por décadas"

En un contexto ambiental en el que ya se quemaron unas 15 mil hectáreas, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, endureció su postura frente a los incendios forestales que afectan a la región y reclamó de manera urgente el tratamiento de una Ley de Ecocidio.

En este sentido, el mandatario provincial sostuvo que es necesario establecer penas severas que actúen como un verdadero factor disuasorio, proponiendo que los responsables de siniestros intencionales permanezcan en prisión el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo degradado. Esta iniciativa, que ya cuenta con un proyecto presentado en el Senado por Edith Terenzi, busca dar respuesta a una problemática que el gobernador considera una deuda histórica de la justicia con el patrimonio ambiental.

En cuanto a la situación actual de los incendios, Torres se mostró optimista ante el pronóstico de lluvias inmediatas que podrían aliviar las zonas más críticas. Además, confirmó que en las próximas horas arribará a la provincia una partida de fondos destinada a asistir a las familias que sufrieron pérdidas totales.

El mandatario destacó que esta gestión de emergencia se está llevando a cabo mediante un despliegue de infraestructura y recursos aéreos inédito, resaltando que la coordinación entre el Gobierno nacional y el provincial ha permitido dejar de lado cualquier diferencia política en pos del bienestar común.

El gobernador también elogió la predisposición del Ministerio del Interior y la operatividad en el Parque Nacional Los Alerces, subrayando que la lucha contra el fuego no ha distinguido jurisdicciones ni banderas partidarias.

Para ejemplificar la necesidad de reformas legales, Torres recordó un caso reciente en Cholila, donde dos personas fueron capturadas en flagrancia iniciando un incendio por una disputa vecinal. El mandatario lamentó que, a pesar de las pruebas contundentes y la condena, los responsables recuperaron la libertad en menos de un mes, calificando el hecho como un antecedente que no debe repetirse si se pretende proteger el ecosistema.