Durante su visita a El Living de NewsDigitales, el abogado y activista urbano Jonatan Baldiviezo advirtió sobre un giro profundo en las políticas públicas argentinas que, según sostuvo, “privilegia los intereses privados por sobre los derechos colectivos, el ambiente y los bienes comunes”.
En la entrevista, alertó que “hoy un extranjero puede comprar y cerrar ríos y lagos en la Argentina”, al cuestionar proyectos legislativos impulsados tras el Pacto de Mayo y el enfoque del Gobierno nacional sobre la propiedad privada. Para Baldiviezo, ese rumbo implica un retroceso normativo que impacta en la planificación urbana, la extranjerización de la tierra y la capacidad del Estado de intervenir ante emergencias sociales.
Baldiviezo relató que su vocación no fue una elección lineal: “Fue un tanto azaroso… prácticamente fue una decisión que la vida fue tomando por mí”, reconoció, e incluso admitió que estuvo cerca de abandonar la carrera. El punto de inflexión llegó cuando encontró sentido en la defensa de derechos: “Adquirí pasión encontrando la beta de defender derechos”.
Sus primeros trabajos en ONGs del norte argentino estuvieron ligados a contravenciones policiales y abusos de poder. Ya en Buenos Aires, tras una maestría en derechos humanos, su agenda se amplió: “Empecé trabajando en vivienda, barrios populares, personas en situación de calle… y después en los bienes comunes, los espacios verdes y el ambiente urbano”.
En otro tramo de la entrevista, cuestionó la forma en que se toman decisiones urbanas: “Incluso sin pasar por la Legislatura, se decide qué plazas se enrejan, qué parques se cierran y dónde avanzan los negocios”.
Como ejemplo, mencionó la reciente subasta de tierras en el sur porteño: “Se subastaron ocho hectáreas del Parque de la Ciudad… ocho manzanas de espacios verdes que se pierden en la Comuna 8”. Para Baldiviezo, el patrón es claro: “Se hacen negocios tremendos con la tierra pública. La ciudad no urbaniza: se la da a un privado para que luego la revenda”.

Sobre Costa Salguero, recordó que la Constitución porteña establece que la costanera debe ser “100% verde y pública”, aunque denunció que distintos gobiernos buscaron “artilugios jurídicos” para privatizarla. Destacó que la movilización social y los fallos judiciales lograron frenar la venta de esos terrenos.
En esa instancia, apuntó contra el nuevo marco legal impulsado a nivel nacional de Javier Milei: “Se elimina la prohibición de extranjerización de la tierra argentina”. Explicó que antes existía un límite del 15% y advirtió que ahora “un extranjero puede ser dueño de la totalidad de la tierra”.
En esa línea, también cuestionó la eliminación de sanciones por incendios forestales y de herramientas como la ocupación temporaria del Estado: “El Estado tiene una herramienta menos en caso de extrema emergencia”.
En el cierre, Baldiviezo rechazó la idea de una sociedad pasiva: “Es una sociedad muy participativa; cada vez que hay un conflicto urbano se arma una asamblea”. Sin embargo, advirtió que los vecinos se enfrentan a “poderes inmensos”, vinculados al mercado inmobiliario y la concentración económica.
Y dejó una definición contundente: “La corrupción es cuando desde el gobierno se beneficia a un privado en vez de beneficiar al bien común”.
En ese aspecto, también se refirió a la asunción de Javier Milei y a las señales políticas que, según sostuvo, expuso desde el primer día. En ese marco, recordó que el entonces presidente electo eligió como búnker el Hotel Libertador, propiedad del empresario Eduardo Elsztain, titular del grupo IRSA.
“Ningún empresario presta sus bienes ni pone capital para una campaña sin esperar un rédito político cuando su candidato llega al poder”, afirmó Baldiviezo, al vincular ese gesto con el posterior rumbo del gobierno nacional en materia de tierras y bienes públicos.
Según explicó, no se trató de un hecho aislado: “No nos sorprendió que Milei haya tenido su búnker en el Libertador, como tampoco sorprendía que el PRO tuviera el suyo en Costa Salguero”. En ambos casos, sostuvo, se trata de espacios ligados a concesiones o negocios sobre tierra pública.
Baldiviezo fue más allá al señalar que IRSA aparece como uno de los principales beneficiarios del proceso de venta y administración de bienes del Estado, al advertir que la empresa “hoy parece quedarse con todo”. En ese sentido, apuntó directamente al rol de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE): “Es la que maneja actualmente todos los bienes del Estado y está orientando esas decisiones hacia grandes corporaciones”.
Para el abogado, ese entramado explica el sentido profundo de las reformas impulsadas por el Ejecutivo: “No es casualidad que se cambie la normativa para favorecer a estos sectores. Es una transferencia sistemática de recursos públicos a manos privadas”, concluyó.
