UATRE festeja y apunta a Milei: qué pasó con la intervención de OSPRERA

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó que el juez federal Sebastián Casanello ordenó la restitución inmediata del directorio de la Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA), poniendo fin a una intervención que se extendió durante más de 15 meses.

Según el sindicato, la medida judicial representa un “triunfo de la autonomía sindical” y revierte una situación que califican como irregular y perjudicial para los afiliados.

Reversión de una intervención cuestionada

De acuerdo con el comunicado, la resolución de Casanello deja sin efecto la intervención dispuesta en octubre de 2024 por el juez Villena, quien actualmente se encuentra bajo investigación por presunto prevaricato.

Desde la UATRE señalaron que aquella decisión se adoptó en un contexto de “manifiesta parcialidad e incompetencia territorial”, aspectos que, según indicaron, motivaron recusaciones por parte de fiscales intervinientes.

El fallo actual sostuvo que la hipótesis que dio origen a la intervención resulta hoy “prácticamente nula” y concluyó que no es necesario mantener el desplazamiento del directorio ni la continuidad de la medida excepcional sobre la obra social.

Denuncias sobre la gestión del interventor

Durante el período de intervención, la OSPRERA quedó bajo la conducción de un interventor designado por decreto del presidente Javier Milei. Según la UATRE, esa gestión fue objeto de múltiples denuncias presentadas ante la Justicia.

Entre las principales irregularidades mencionadas se incluyen la duplicación de la estructura administrativa, con designaciones de dirigentes que habían sido derrotados en elecciones internas y que no contaban con experiencia en el ámbito de la salud. También se denunció la priorización de negocios considerados irregulares, con pagos de facturas sin contraprestación real, y una fuerte reducción del gasto en prestaciones médicas.

Impacto en la atención de los afiliados

El sindicato afirmó que estas políticas tuvieron consecuencias graves para los beneficiarios de la obra social, incluyendo interrupciones en la provisión de medicamentos ambulatorios, oncológicos y de alto costo. Según el comunicado, esta situación derivó en el agravamiento de patologías preexistentes y en el deterioro de cuadros clínicos complejos.

Hasta diciembre de 2025, se habrían registrado 476 acciones de amparo judicial por falta de cobertura médica, muchas de las cuales no habrían sido cumplidas. Además, se mencionan tres causas penales por presunto “abandono de persona seguido de muerte”, entre ellas el caso de un afiliado oncológico fallecido en febrero de 2025 tras la interrupción de su tratamiento.

Retorno a la conducción legítima y escenario abierto

Con la nueva resolución judicial, la OSPRERA vuelve a quedar bajo la gestión de las autoridades elegidas legítimamente por los trabajadores rurales y estibadores, luego de más de un año de conflicto institucional y judicial.

Desde la UATRE señalaron que aún persiste la incertidumbre respecto del estado en que será devuelta la obra social y advirtieron que el proceso de normalización no será inmediato. No obstante, reafirmaron su compromiso con la defensa de la libertad sindical, la transparencia en la gestión y la prioridad de la salud y los derechos de los afiliados rurales en todo el país.