Asociación de Abogados de Buenos Aires pidió al Congreso frenar el DNU de inteligencia

La Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (AABA) expresó este miércoles su preocupación por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 941/2025, que reformó la Ley de Inteligencia Nacional, y solicitó formalmente al Congreso de la Nación que lo rechace por considerar que viola la Constitución y afecta las libertades individuales. En un comunicado, el presidente de la entidad, Juan Pablo Zanetta, sostuvo que el decreto establece cambios de fondo sin el debate parlamentario indispensable y amplía facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en detrimento de los derechos ciudadanos.

Según la AABA, las comisiones de Derecho Constitucional y de Política Criminal y Seguridad analizaron exhaustivamente la norma y concluyeron que el DNU excede el marco del artículo 99 inciso 3° de la Constitución Nacional, lesiona derechos fundamentales y debilita las instituciones democráticas. Entre las principales críticas figura la potestad que otorgaría al organismo de inteligencia para actuar en áreas sensibles sin el debido control judicial, lo que para sus críticos representa un retroceso en las garantías del Estado de derecho.

La petición de la AABA se suma a las voces de otros organismos de la sociedad civil, constitucionalistas y bloques opositores que advierten que el decreto -publicado a fines de diciembre y que reestructura funciones de la SIDE- concentra poder en el Ejecutivo y habilita facultades que deberían discutirse en el ámbito legislativo. El caso generó además movimientos en el Congreso: diferentes bloques opositores trabajan en estrategias para lograr el rechazo del DNU y reponer los debates institucionales sobre los límites de la actividad de inteligencia y el respeto a las libertades públicas en el país.

Qué dice el polémico decreto

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 941/2025 modifica la Ley de Inteligencia Nacional es una norma firmada por el Poder Ejecutivo que reorganiza y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), redefiniendo sus funciones, su estructura y sus márgenes de actuación.

El texto generó un fuerte debate político, jurídico y social porque introduce cambios de fondo en un área extremadamente sensible sin pasar por el Congreso, algo que la Constitución solo habilita en situaciones excepcionales. Sus críticos sostienen que el DNU concentra poder en el Ejecutivo, debilita los controles parlamentarios y judiciales, y abre la puerta a tareas de inteligencia sobre personas, organizaciones y conflictos sociales con límites poco claros, lo que despierta fantasmas del pasado reciente y de prácticas de espionaje interno.

Para juristas y organismos de derechos civiles, el problema no es solo el contenido sino el método: una reforma estructural hecha por decreto en nombre de la urgencia, en un tema donde el consenso democrático y el control institucional deberían ser obligatorios.

GZ