Hoy se cumplen 18 años del cierre del plazo que habilitó, por última vez, a los trabajadores argentinos a elegir entre permanecer en el sistema de jubilación privada administrado por las AFJP o pasarse al sistema de reparto estatal.
Aquella opción, vigente hasta el 15 de enero de 2008, fue presentada como una instancia excepcional y con reapertura prevista a futuro, aunque pocos meses después el esquema previsional cambiaría de manera definitiva.
El proceso de libre opción se había puesto en marcha el 12 de abril de 2007 y permitió a los afiliados decidir el régimen previsional en el que deseaban permanecer.
Según recordaba entonces la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), el trámite debía completarse con la presentación, por triplicado y con documento de identidad, del formulario correspondiente en oficinas del Correo Argentino u OCA.
Hasta fines de diciembre de 2007, más de 1,6 millones de personas habían descargado el formulario para pasarse al régimen de reparto, mientras que las consultas al sitio web oficial superaron los 3,7 millones.
La Ley 26.222 establecía que esta posibilidad de optar volvería a abrirse cinco años después -en teoría, en 2012 o 2013-, lo que dejaba abierta la chance de futuros traspasos entre ambos sistemas.
Las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) fueron creadas en 1994, durante el gobierno de Carlos Menem, como parte de una reforma estructural del sistema previsional impulsada por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo.
El esquema se basaba en cuentas individuales de capitalización: cada trabajador aportaba a un fondo propio, administrado por una empresa privada, que se invertía en distintos instrumentos financieros.
La lógica original de la reforma era que el régimen estatal de reparto se redujera de manera gradual hasta su eventual desaparición. Al inicio del período de opción, en abril de 2007, había alrededor de 11,9 millones de afiliados a la capitalización privada y apenas 2,2 millones en el sistema estatal.
La ventana de libre elección marcó una reversión parcial de esa tendencia. Con los traspasos registrados, el régimen de reparto pasó a concentrar cerca de cinco millones de afiliados, más del doble que al inicio del proceso, mientras que las AFJP redujeron su padrón a poco más de nueve millones.
Sin embargo, en noviembre de 2008, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner avanzó con la eliminación del sistema de capitalización y la estatización de los fondos previsionales. De ese modo, todos los aportantes pasaron de manera compulsiva al sistema público de reparto, que continúa vigente hasta la actualidad.
Desde el Gobierno, la decisión fue presentada como una forma de proteger los ahorros de los trabajadores frente a la volatilidad financiera internacional. En paralelo, distintos economistas y dirigentes opositores interpretaron la medida como una respuesta a las necesidades fiscales del Estado en un contexto de vencimientos de deuda y caída de ingresos.
Entre las voces críticas de entonces, el exministro Domingo Cavallo sostuvo que la estatización implicó la apropiación de los ahorros acumulados en el sistema privado y de los aportes futuros, señalando riesgos para la sustentabilidad de largo plazo del régimen previsional.
“El gobierno enfrenta un enorme agujero fiscal para los próximos tres años y ha decidido resolverlo apelando a los ahorros del sistema previsional”, señalaba.
Y agregaba que “el engaño a los futuros jubilados es el verdaderamente alevoso”: “Le están diciendo que todo este cambio se hace para que ellos cobren mejores jubilaciones en el futuro. Y Esto es una burda mentira. Lo que están haciendo es escondiendo la deuda que el Estado tiene con los jubilados y, por supuesto, evitando documentarla. Así, en el futuro, bastará un golpe inflacionario para volver a licuar esas deudas y reducir las jubilaciones, como ya lo hicieron en 2002”.
Esos argumentos formaron parte de un debate político y económico que atravesó el cierre de 2008 y que sigue siendo objeto de análisis y controversia.
A más de 17 años de la eliminación de las AFJP, el sistema previsional argentino permanece organizado exclusivamente bajo el régimen estatal de reparto. La experiencia de la libre opción de 2007-2008 quedó así como un hito final de la coexistencia entre los dos modelos y como antecedente de una de las reformas estructurales más relevantes de las últimas décadas en materia de seguridad social.