Santiago y Álvaro Uribe Vélez: el fallo que los absuelve y el debate que no cierra

La afirmación de que Santiago Uribe Vélez es “hoy jurídicamente inocente” volvió a instalar una discusión conocida en Colombia: qué puede y qué no puede resolver la justicia penal en causas atravesadas por la violencia estructural. La frase, pronunciada por su abogado, se apoya en una resolución judicial firme y opera como una verdad jurídica que delimita con precisión el alcance de las responsabilidades penales, aun cuando el debate público pretenda extenderlas más allá de los tribunales.

El expediente, sin embargo, no se agota en el nombre de Santiago Uribe. Cada mención reactiva una red de significados que involucra a su hermano, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y a una época marcada por el conflicto armado interno. En ese contexto, la confusión entre responsabilidades individuales y climas políticos generales ha sido uno de los principales factores que distorsionaron la lectura del caso.

Colombia 

Los límites del fallo judicial

Desde el punto de vista institucional, el proceso expone la centralidad del derecho penal como mecanismo de cierre jurídico. Los tribunales operan con estándares estrictos de prueba, debido proceso y presunción de inocencia, principios que no pueden ser relativizados por presiones mediáticas o interpretaciones retrospectivas del conflicto. En ese marco, una absolución no es un vacío de verdad, sino la expresión formal de que no se acreditaron los hechos imputados.

La insistencia de la defensa en la presunción de inocencia no constituye un artilugio retórico, sino la reafirmación de una garantía esencial del Estado de derecho. En causas de alta exposición pública, respetar los límites de la justicia penal se vuelve clave para evitar que el sistema judicial sea utilizado como instrumento de disputa política o de condena simbólica sin sustento probatorio.

El fallo judicial reafirma garantías legales y expone el uso político del pasado en el caso Uribe.

Memoria, poder y uso político del pasado

El momento en que reaparece este debate tampoco es casual. En contextos preelectorales, los procesos judiciales cerrados tienden a ser reabiertos en el plano discursivo como forma de erosionar liderazgos o condicionar agendas políticas. Allí, la memoria colectiva cumple un rol legítimo, pero distinto del judicial, y no puede sustituir sentencias ni redefinir culpabilidades ya resueltas.

Jaime Granados, abogado de los hermanos Uribe en la Corte Suprema de Justicia, en Bogotá, el 25 de julio de 2018. CARLOS JULIO MARTINEZ (REUTERS)

Así, el caso Uribe vuelve a mostrar una tensión persistente en Colombia: la necesidad de preservar la memoria histórica sin vulnerar garantías legales, y de distinguir entre responsabilidades penales probadas y narrativas políticas construidas ex post. Mientras esa frontera siga difusa, la justicia quedará expuesta a lecturas interesadas que debilitan su credibilidad institucional.