Javier Milei obtuvo un respiro en los tribunales federales que redefine la estrategia política para blindar la nueva estructura de la SIDE. Este alivio judicial llega en un momento de máxima tensión legislativa.
El escenario que se abre ahora marca un punto de giro en la disputa por el control de la inteligencia nacional. Al no habilitarse el tratamiento de las impugnaciones durante el receso de enero, la Casa Rosada logra neutralizar el "frente judicial" mientras se concentra en desarticular la mayoría opositora que asoma en la Cámara baja.
La decisión de los tribunales no solo otorga aire al Ejecutivo, sino que obliga a los bloques dialoguistas a recalibrar su posición. En los despachos oficiales admiten que la prioridad es estirar los plazos para evitar que el rechazo parlamentario se concrete antes de que el nuevo sistema de espionaje esté completamente asentado.

Las presentaciones impulsadas por el CELS, la Coalición Cívica y sectores del radicalismo chocaron con los tiempos del receso judicial. Aunque el texto es calificado como inconstitucional por figuras como Marcela Pagano, la falta de una cautelar inmediata permite que el Gobierno mantenga la iniciativa política.
Esta tregua procesal es vista como una moneda de cambio clave para negociar con los gobernadores. La decisión de postergar el análisis de constitucionalidad otorga al Ejecutivo al menos dos semanas de vigencia plena para asentar la nueva estructura de la SIDE sin interferencias externas.

Mientras la Justicia descansa, la tensión se traslada íntegramente al recinto de Diputados. La oposición necesita 125 legisladores para forzar el tratamiento y ya cuenta con un núcleo duro de 122 firmas que incluye al Frente de Izquierda y al interbloque Unidos.
El principal obstáculo sigue siendo el quórum de 129 diputados para abrir la sesión. La falta de actividad en la Bicameral, bajo la órbita de Martín Menem y Victoria Villarruel, es leída por la oposición como un intento deliberado de blindar el decreto mediante el desgaste administrativo.
TM