El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, encendió las alarmas ante el impacto fiscal que la reforma laboral de la Casa Rosada tendrá sobre las arcas provinciales. La advertencia surge en un momento de fragilidad económica marcado por la caída del consumo y el freno en la industria textil.
El escenario que se abre para Tucumán es de una "preocupación adicional" frente a una economía nacional que no encuentra piso. Con el gobernador Jaldo fuera de funciones hasta el lunes 22 de enero, la administración tucumana decidió no esperar y blanquear el impacto negativo que la reforma laboral de Javier Milei tendría en la coparticipación federal.
La caída de la actividad económica ya golpea directamente la recaudación de IVA, motor del sistema de reparto. Según el ministro Abad, Tucumán "vive del consumo", y la retracción actual genera un desequilibrio financiero que obliga a la provincia a exigir el pago de sus acreencias con la Nación para sostener sus cuentas.

La preocupación no es subjetiva, sino que se apoya en los datos del IARAF, que ubican a Tucumán entre las jurisdicciones más castigadas por la reducción de las alícuotas de Ganancias. El costo fiscal directo del proyecto oficial rondaría los $1,9 billones anuales a nivel país, de los cuales más de un billón impacta en el conjunto de provincias.
Tucumán es la sexta provincia más afectada por la pérdida de recursos coparticipables, quedando apenas un escalón por debajo de Chaco y Entre Ríos. Esta situación es la que empuja al ministro de Economía a gestionar una reunión urgente con el equipo nacional en Buenos Aires, antes de que el debate legislativo se active en febrero.

El reclamo por los fondos se da en un clima social tenso por la paralización de la planta de Hilado SA. Con los trabajadores suspendidos y una oferta de retiros voluntarios sobre la mesa, el gremio textil advierte que el modelo económico actual está destruyendo la industria local.
Este frente interno presiona al gobierno interino de Acevedo para endurecer su postura ante la Nación. Aunque la provincia se mantiene en el grupo de las "aliadas dialoguistas", el "agujero" fiscal de $51.000 millones y la caída del empleo formal en el sector privado amenazan con romper la tregua política de cara a las sesiones extraordinarias del 2 de febrero.
TM