Vence la conciliación con los controladores aéreos y crece la presión sobre el Gobierno

El conflicto entre el Gobierno nacional y el gremio que nuclea a los controladores aéreos volvió a encender señales de alarma en el sector aerocomercial, luego de que este viernes venza la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

La falta de acuerdo paritario con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) abre nuevamente la posibilidad de medidas de fuerza con impacto directo en la seguridad operacional y el flujo de vuelos.

La tregua administrativa, establecida el pasado 23 de diciembre, había logrado desactivar protestas impulsadas por la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA), pero el conflicto salarial sigue sin resolución.

Nueva audiencia y posible prórroga

Según fuentes del sector, este viernes se realizará una nueva audiencia entre las partes, con la posibilidad de que la autoridad laboral extienda la conciliación obligatoria por cinco días hábiles adicionales, tal como lo permiten las normativas vigentes.

Desde EANA señalaron que la empresa mantiene su disposición al diálogo para evitar interrupciones en el servicio aéreo durante la temporada alta de verano, cuando el movimiento de pasajeros alcanza uno de sus picos anuales.

Cruce de acusaciones entre EANA y el gremio

La empresa estatal cuestionó la postura del gremio y sostuvo que existe una “intransigencia permanente” por parte de ATEPSA. “Estamos trabajando ininterrumpidamente para destrabar el conflicto y garantizar la normalidad de la operación aérea”, indicaron voceros de EANA, que acusaron al sindicato de buscar generar daño antes que mejorar condiciones laborales.

ATEPSA, por su parte, ya anticipó en anteriores instancias que retomará las medidas de fuerza si no hay avances concretos en la negociación salarial.

Un conflicto que se arrastra desde 2025

El enfrentamiento entre las partes viene escalando desde el año pasado. En julio, en la antesala de las vacaciones de invierno, se dictó una primera conciliación obligatoria para frenar protestas.

En agosto, el gremio llevó adelante tres jornadas de paro nacional, que se suspendieron tras un acuerdo transitorio con una recomposición salarial del 15% en cuatro tramos.

Sin embargo, en noviembre el conflicto volvió a recrudecer con nueve jornadas de paro focalizadas en vuelos de carga y la paralización de capacitaciones técnicas y tareas de mantenimiento. En diciembre, nuevas medidas afectaron vuelos de pasajeros y derivaron en la conciliación obligatoria vigente hasta este viernes.

Investigaciones judiciales en curso

El conflicto también se trasladó al ámbito judicial. Por un lado, la Justicia federal investiga la validez de un acta paritaria de fines de 2023 que habría establecido aumentos anticipados para 2024 y que no figura en los registros oficiales de EANA.

En esa causa se analiza la posible responsabilidad de la ex presidenta de la empresa, Gabriela Logatto, y de la secretaria general de ATEPSA, Paola Barritta.

Por otro lado, EANA presentó denuncias penales contra el gremio por acciones que habrían puesto en riesgo la seguridad operacional, incluyendo la colocación de elementos sindicales en torres de control que podrían haber interferido con la visibilidad y la operación técnica.

Una encrucijada para el Gobierno

El vencimiento de la conciliación obligatoria coloca al Gobierno ante un escenario complejo. Mientras el área económica sostiene una política de austeridad, la continuidad del transporte aéreo depende de un recurso humano altamente especializado y difícil de reemplazar.

La eventual reactivación de medidas de fuerza por parte de los controladores aéreos podría comprometer seriamente la estabilidad de la aviación civil y comercial en todo el territorio nacional, en uno de los momentos de mayor demanda del año.

ND