Un instructor de bomberos confesó abusos, espera un juicio abreviado y cumple prisión domiciliaria

La causa judicial que tiene como imputado a Rodrigo Santi avanzó hacia un juicio abreviado tras una confesión que cambió el rumbo del expediente. El exinstructor de bomberos de La Playosa (Córdoba), conocido como “Loli”, reconoció su responsabilidad en múltiples hechos de abuso sexual y hoy cumple prisión domiciliaria mientras se define su situación procesal.

Santi está acusado por tres hechos de abuso sexual simple, un abuso sexual con acceso carnal, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil. Tras negar los cargos en una primera etapa, confesó durante la instrucción el 20 de noviembre de 2024 y fue alojado en el Establecimiento Penitenciario Nº5 de Villa María. La pena en expectativa va de ocho a veinte años de prisión.

La investigación permitió reconstruir un patrón que se habría sostenido durante años dentro del cuartel de bomberos del pequeño pueblo cordobés. Según la querella, los hechos se desarrollaban en actividades institucionales como charlas grupales, campamentos y prácticas, donde se promovían masturbaciones grupales presentadas como “juegos” o competencias.

De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, ese clima derivaba luego en contactos durante la madrugada. Santi enviaba mensajes y convocaba a los adolescentes a su casa con distintas excusas. En La Playosa, según surge de la causa, las situaciones eran conocidas, pero no denunciadas.

El expediente también da cuenta de un entramado familiar dentro del cuartel. El padre y el hermano del imputado ocupaban cargos de responsabilidad y su madre integraba la comisión directiva, un contexto que —según la querella— favoreció un prolongado silencio institucional.

El primer hecho que llegó formalmente a la Justicia fue denunciado el 30 de marzo de 2024. Esa madrugada, alrededor de las 4.30, Santi se encontró con un adolescente de 16 años y lo invitó a su domicilio. Allí, tras conversar y prepararle un trago, comenzó a hablarle de temas sexuales.

Según relató el abogado querellante, José Corigliano, “le tocó la pierna, lo acarició y le preguntó si le gustaba lo que estaba pasando, antes de ofrecerle masturbarlo”. El adolescente se retiró del lugar y no volvió al cuartel.

El episodio no fue denunciado de inmediato. Meses después, la madre del joven accedió a una conversación de WhatsApp Web en la que Santi reconocía que “se había zarpado” y le pedía disculpas por lo ocurrido tiempo atrás. A partir de ese hallazgo, la causa se amplió y sumó nuevos testimonios.

Cuando el requerimiento de elevación a juicio estaba prácticamente concluido, en octubre de 2025 la defensa cambió de abogado y designó a un exfuncionario judicial que había intervenido en la fiscalía durante la instrucción. El 19 de diciembre renunció a la defensa y ese mismo día se solicitó la prisión domiciliaria.

La medida fue concedida el 22 de diciembre de 2025 sobre la base de un informe psicológico privado que advierte “un trastorno depresivo mayor con ideación suicida” y sostiene que la permanencia en prisión “podría implicar un riesgo grave para su salud psíquica”.

Desde la querella advirtieron que “podrían aparecer más víctimas” y remarcaron que el imputado se valió del rol de instructor y del vínculo de confianza con los adolescentes durante años.