Bronca e indignación tras la liberación de un exdocente acusado de corrupción de menores

La decisión judicial cayó como un baldazo de agua fría en El Soberbio. Es que el Juzgado de San Vicente dispuso la libertad de Emanuel F., exdocente de la Escuela de Frontera 617 imputado por corrupción de menores, una decisión que activó el rechazo de las familias y un inmediato anuncio de apelación.

La medida fue firmada el 23 de diciembre por el juez de Instrucción Gerardo Casco y concedió la libertad bajo caución juratoria. Desde la querella, el abogado Adrián Gianini anticipó que recurrirá el fallo y calificó la resolución como un “acto arbitrario y deliberadamente contrario a derecho”.

El letrado sostuvo que el magistrado ignoró elementos centrales de la causa, según publica el diario El Territorio. Según planteó, la libertad fue otorgada pese a pericias informáticas que indicarían que el imputado “no sólo no ha dejado de ser un peligro para la causa, sino que cuenta con una estructura de apoyo externa”.

En el expediente consta que Emanuel F. fue denunciado por unas 20 personas. Las acusaciones señalan que captaba a alumnas de séptimo grado para sesiones fotográficas de carácter sexual, a cambio de calificaciones y comida, dentro del ámbito escolar.

En el marco de la investigación, la Fiscalía en Ciberdelitos de la provincia determinó que en uno solo de los dispositivos secuestrados se hallaron cerca de 20 gigas de información con más de 3.500 fotografías que habrían sido tomadas dentro del establecimiento educativo.

Según la pesquisa, se trataría de imágenes de pies desnudos y de menores con expresiones inusuales, que uno de los denunciantes describió como “haciéndose los muertos”.

El informe pericial también reveló que parte del material habría sido capturado con otros teléfonos que aún no fueron secuestrados. Además, la querella advirtió que el imputado habría “truncado” el análisis pericial al utilizar un software experimental insertado de manera deliberada en un Iphone, del cual no se pudo extraer evidencia.

“Liberar al imputado fue darle la llave para que termine de destruir la prueba. El perito confirmó que existen nubes de almacenamiento activas y cuentas vinculadas, como la de su pareja, que permiten el borrado remoto de la evidencia. El Juez sabía esto, sabía que el maestro imputado no actúa solo y cuenta con cómplices y, aun así, lo soltó”, sostuvo Gianini.

En paralelo, la querella recordó que en diciembre solicitó la ampliación de la imputación contra la exdirectora y una docente por encubrimiento, omisión de denuncia y falsedad ideológica. En sede judicial, ambas admitieron haber conocido los hechos meses antes, luego de que una madre alertara la situación a mediados de 2025, aunque no activaron protocolos ni realizaron denuncias. También se pidió investigar si se confeccionaron actas con contenido falso para proteger a la institución.

El caso generó una fuerte preocupación en la comunidad educativa. Entre las irregularidades señaladas, la querella cuestionó que el juez no valorara los testimonios de las niñas víctimas en Cámaras Gesell y que se omitiera analizar la posibilidad de que el imputado realizara un reseteo de fábrica de su teléfono antes del secuestro, ocurrido en septiembre de 2025.

Ante este escenario, Gianini anticipó la presentación de un recurso de nulidad absoluta ante la Cámara de Apelaciones.