Manuel Adorni esperó hasta el borde del plazo legal y recién entonces mandó al Congreso el DNU 941/25, el decreto con el que Javier Milei reformuló el sistema de inteligencia y amplió las facultades de la SIDE. Con ese trámite, la disputa deja de ser sólo mediática: ahora la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene diez días hábiles para dictaminar y, pasado ese lapso, cualquiera de las dos cámaras puede llevar el decreto al recinto. El texto seguirá vigente como ley mientras no sea rechazado por ambas; si una sola lo aprueba –o si ninguna lo trata–, queda firme.
El corazón del DNU ya es conocido: modifica más de cuarenta artículos de la Ley de Inteligencia, concentra poder en la SIDE, le habilita la posibilidad de “aprehender” personas halladas in fraganti y reordena funciones, entre ellas el traslado del área de Ciberseguridad a la órbita de la Jefatura de Gabinete. La medida fue firmada el 31 de diciembre por Milei y todo el gabinete, con participación política directa de Santiago Caputo, que hoy tiene influencia decisiva sobre el organismo.
Del otro lado del mostrador, la oposición ya decidió convertir el ingreso formal del decreto en una prueba de fuerza. Unión por la Patria presentó un proyecto para derogarlo, los bloques de Provincias Unidas y la Coalición Cívica lo rechazaron en público y reclaman que se active de inmediato la Bicameral, hoy paralizada. El eje de las críticas se repite: habilitación para que agentes de inteligencia puedan aprehender personas, declaración de que todas sus actividades serán “encubiertas” y una reforma de este calibre hecha por decreto, sin tratamiento parlamentario. No es un punto aislado: recuerdan que el primer DNU que el Congreso le volteó a Milei fue precisamente el que giraba $100.000 millones adicionales a la SIDE.
El oficialismo juega a dos tiempos. Por un lado, estira al máximo los plazos: se resistió a conformar la Bicameral y recién envió el decreto cuando la ley 26.122 lo obligaba. Por otro, busca blindar el texto con una mayoría ajustada que combine a La Libertad Avanza con el PRO, sectores de la UCR y peronismo provincial. En la Casa Rosada descuentan el apoyo amarillo: el bloque que conduce Cristian Ritondo elogió “la mayoría de los cambios” en inteligencia y prometió un análisis “responsable” sobre protocolos y alcances operativos, una fórmula que deja abierta la puerta al acompañamiento.
El resultado no está cerrado. Los números, tanto en Diputados como en el Senado, aparecen equilibrados y la batalla real pasará por los espacios intermedios: radicales, gobernadores alejados del kirchnerismo y bancadas provinciales. El DNU de la SIDE llega al Congreso como algo más que un expediente técnico: es el primer test fuerte de hasta dónde está dispuesto el sistema político a aceptar una reforma de seguridad e inteligencia por decreto, y también la primera gran pulseada del año para un Gobierno que apostó a gobernar vía DNU y ahora tiene que comprobar, voto por voto, cuánta paciencia parlamentaria le queda.