El Gobierno nacional salió a responder al pedido de desacato presentado por Burford Capital en el juicio por YPF y calificó esa movida como una estrategia de “hostigamiento procesal” contra la Argentina.
Desde la Procuración del Tesoro afirmaron que el país “cumplió plena y ampliamente” con el proceso de discovery, incluyendo la entrega de más de 113.000 páginas de documentos y el testimonio de distintos funcionarios.
Según la defensa argentina, la moción constituye el intento más reciente del financiador del litigio de presionar a la República a través de solicitudes de discovery “intrusivas y desproporcionadas”.
En el Ejecutivo sostienen que ese tipo de presentaciones forman parte de un esquema que Burford viene desplegando como herramienta de presión, con el objetivo de incomodar al Estado y empujar una negociación.
La Procuración también vinculó el pedido de desacato con declaraciones atribuidas al CEO del fondo, quien habría dicho ante inversores que la estrategia apunta a “poner arena en los engranajes” de la recuperación económica de la Argentina.
Desde la Casa Rosada interpretan que el planteo judicial no solo busca una respuesta procesal, sino también generar ruido político y financiero en un momento sensible para el Gobierno.
En su descargo público, la defensa argentina afirmó además que el pedido de sanciones debe leerse en el contexto de avances recientes que, según el oficialismo, deterioraron la posición procesal de Burford.
Entre esos antecedentes mencionaron la audiencia de apelación de la sentencia condenatoria por USD 16.000 millones, que habría derivado en una caída superior al 20% en el valor de las acciones del fondo.
También sumaron el stay otorgado por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la orden de entrega de las acciones de YPF, el respaldo expreso de Estados Unidos, Israel y más de una decena de países y organizaciones internacionales, y el rechazo del reconocimiento de la sentencia en la justicia irlandesa.
Según fuentes de la Procuración, con ese escenario de fondo, Burford tendría menos margen para reposicionarse en el expediente y por eso apela a un planteo de desacato.
“Ante este escenario, a Burford se le van limitando las herramientas procesales para mejorar su posición y recurre ahora a un planteo de desacato, aun cuando la Argentina está cumpliendo con el discovery”, señalaron.
Y agregaron que la movida es parte de una estrategia de hostigamiento para presionar al país y forzar una negociación “desde una posición que ya no tiene”.
Más allá del cruce político, el Gobierno remarcó que continuará cumpliendo con el proceso de discovery, pero siempre dentro de lo permitido por la Constitución y las leyes argentinas.
Finalmente, desde la Procuración del Tesoro aclararon que el planteo de Burford será contestado por la Argentina conforme al cronograma vigente, con un descargo previsto para el 19 de febrero, y que no se espera una definición judicial inmediata.