Rutas al límite: el ajuste de Milei rompe la red bonaerense

El deterioro de las rutas nacionales en la provincia de Buenos Aires dejó de ser un dato técnico para convertirse en un problema político, productivo y social. Un informe del Instituto Argentina Grande reveló que el 50% de los trazados que atraviesan territorio bonaerense están en mal estado, en paralelo a un desplome histórico de la inversión nacional en infraestructura desde la llegada de Javier Milei al poder.

El estudio expone que la Dirección Nacional de Vialidad redujo su inversión en la provincia un 82% durante 2025, mientras que el gasto de capital del Estado nacional cayó un 80% real respecto de 2023. El resultado es concreto: rutas deterioradas, mayor siniestralidad, demoras logísticas y un impacto directo sobre la actividad productiva en el principal distrito económico del país.

Frente a la retirada de Nación, la administración de Axel Kicillof proyectó para 2026 una inversión provincial en obra vial de 3,2 billones de pesos, un monto similar al que el Gobierno nacional destinará al conjunto del país. En el propio informe del IAG se señala que se trata de un esfuerzo “sin precedentes” para contener los efectos del ajuste libertario sobre la infraestructura estratégica.

Los reclamos se multiplican en el interior bonaerense. En Ramallo, la Justicia obligó a Corredores Viales a reparar un tramo de la Ruta 9 que volvió a romperse a los pocos meses. En Chivilcoy, usuarios dejaron de pagar peajes como forma de protesta. En América, un vecino se acostó dentro de un pozo para visibilizar el abandono. La postal se repite: tarifas en alza, mantenimiento ausente.

Fondos que se cobran, obras que no llegan

El informe también pone el foco en un dato políticamente sensible: el Estado nacional continúa recaudando miles de millones de pesos a través de impuestos con asignación específica a infraestructura vial, pero ejecuta apenas una parte mínima de esos recursos. Solo en 2024, del monto que debía transferirse a Vialidad Nacional desde el impuesto a los combustibles, se utilizó menos de la mitad.

La misma lógica se replica con el Impuesto PAIS, que por normativa destina un porcentaje a obra pública pero cuya ejecución fue casi simbólica. Mientras la Casa Rosada sostiene el discurso del equilibrio fiscal, en el territorio crece la percepción de abandono y empieza a consolidarse un nuevo frente de desgaste político para el Gobierno: el deterioro visible de la infraestructura que impacta todos los días en millones de personas.