Un grupo de legisladores provinciales de la oposición presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo de Río Negro brinde explicaciones sobre el caso de Nicolás David Almendra, un vecino del barrio Esperanza de El Bolsón que denunció haber sido víctima de una brutal agresión por parte de efectivos de la Policía provincial durante un procedimiento ocurrido la noche del 24 de diciembre.
La iniciativa fue elevada al presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti, en uso de las facultades previstas en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución provincial y la Ley K Nº 2.216. El requerimiento solicita que se gestione información ante el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Secretaría de Derechos Humanos, ambas áreas del Ejecutivo provincial.
El pedido lleva las firmas de los legisladores Leandro García, Daniel Belloso, Alejandra Mas, Luis Ivancich, José Luis Berros, Fabián Pilquinao, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Ayelén Spósito, quienes fundamentaron la solicitud en la gravedad institucional de los hechos denunciados y en la necesidad de garantizar mecanismos de control democrático sobre las fuerzas de seguridad.
El proyecto de comunicación solicita precisiones concretas sobre cuatro ejes centrales:
El texto subraya que la información requerida resulta indispensable para determinar responsabilidades y evaluar si se actuó conforme a los protocolos vigentes.
Según la denuncia pública realizada por la APDH de El Bolsón, Nicolás Almendra relató haber sufrido daños físicos como consecuencia de una intervención policial durante la noche de Navidad. De acuerdo con esa presentación, se trataría de un procedimiento que derivó en un uso desmedido de la fuerza por parte de efectivos de la Policía provincial.
Según el comunicado, “los hechos se habrían iniciado cuando Almendra intentó auxiliar a su hermano, quien había sido atropellado por un vehículo y permanecía herido en la vía pública. Lejos de priorizar la asistencia a la persona lesionada y el esclarecimiento del siniestro vial, la intervención policial habría derivado en un violento accionar contra el propio denunciante y su grupo familiar, mientras que las personas involucradas en el atropello no habrían sido demoradas”.
Si bien el pedido de informes no adelanta conclusiones, los legisladores describen el episodio como una “grave denuncia pública” y plantean la necesidad de que el Estado provincial brinde respuestas claras y documentadas sobre lo sucedido.
El requerimiento también pone el foco en el papel que debe cumplir la Secretaría de Derechos Humanos, tanto en el acompañamiento a la presunta víctima como en la supervisión de las actuaciones estatales.
Para los autores del pedido, la intervención de ese organismo es clave para asegurar el respeto de las garantías constitucionales y los estándares en materia de derechos humanos.
En los fundamentos, los legisladores remarcan que el pedido de informes no prejuzga sobre la responsabilidad de los agentes involucrados, sino que busca transparentar el accionar estatal y fortalecer la confianza pública en las instituciones.
En ese marco, consideran que el Ejecutivo debe responder con información precisa sobre los procedimientos, las eventuales investigaciones internas y las acciones adoptadas tras conocerse la denuncia.