La pelea por el control político en Santa Cruz sumó un capítulo de máxima tensión. El secretario de Gobierno, Sebastián Georgion, desmintió la falta de recursos en la capital y apuntó directamente contra el intendente peronista de Río Gallegos, Pablo Grasso, afirmando que el problema es una administración municipal que prioriza las estructuras políticas sobre los servicios básicos.


La situación en la capital santacruceña es crítica. Mientras el intendente Pablo Grasso justifica los retrasos salariales y los despidos en una supuesta falta de asistencia financiera provincial, los datos de la Casa de Gobierno indican que Río Gallegos es históricamente un municipio autosustentable con la mayor recaudación de la provincia.
“Ajustan siempre sobre los mismos y cuidan sus privilegios. Despiden trabajadores, pero no tocan ni un solo cargo político”, disparó Georgion al contrastar la situación de los empleados con la estructura jerárquica municipal.
Por su parte, desde ATE Santa Cruz rechazaron de forma tajante la "crueldad social" de la gestión local, señalando que los despidos vacían áreas esenciales del Estado y afectan el derecho de la comunidad a recibir servicios de calidad.
Este enfrentamiento ocurre en un momento de debilidad electoral para el gobernador Claudio Vidal. En las últimas elecciones legislativas de octubre de 2025, la fuerza oficialista sufrió un duro revés al obtener menos del 20% de los votos. El peronismo y el kirchnerismo lograron imponerse por un estrecho margen incluso sobre los candidatos de La Libertad Avanza, lo que alimentó las expectativas de que el peronismo recupere la provincia en 2027.
En este marco, Vidal mantiene una guerra abierta contra el Poder Judicial. El mandatario acusa a los jueces heredados de las gestiones kirchneristas de obstaculizar sus reformas y proteger a exfuncionarios. La Casa de Gobierno sostiene que la administración de Grasso utiliza los recursos para financiar "punteros" políticos en toda la provincia en lugar de garantizar los sueldos en su propio territorio.
TM