La interna del peronismo misionero sumó un nuevo capítulo de tensión política. La Agrupación Peronista 13 de Julio Luz y Fuerza Misiones difundió un duro comunicado en el que exige la “normalización” del Partido Justicialista provincial mediante elecciones internas libres, sin proscripciones y con participación plena de la militancia.
El documento plantea la necesidad de recuperar la “mística y la unidad” del movimiento, y cuestiona abiertamente cualquier intento de conducción digitada. “Los destinos partidarios deben definirse con reglas claras y sin exclusiones”, sostienen, en un mensaje que funciona como impugnación directa a la actual intervención del PJ en la provincia.
La agrupación también rechaza lo que define como “intromisión centralista” y apela a la tradición política de Misiones, citando la figura de Andresito Guacurarí como símbolo de autonomía política frente a decisiones externas. El planteo refuerza una línea histórica dentro del peronismo provincial que prioriza la identidad local frente a las conducciones nacionales.
El pronunciamiento no es aislado: se inscribe en un clima de malestar creciente dentro de sectores del PJ misionero que cuestionan la falta de vida orgánica partidaria y el uso de mecanismos administrativos para ordenar la interna sin participación real de las bases.
Además, la agrupación reivindica su trayectoria política y sindical, en especial su protagonismo en la resistencia a las privatizaciones de los años 90, como antecedente que —según sostienen— legitima su reclamo actual por democracia interna y defensa de los intereses provinciales.
En paralelo, la intervención normalizadora del PJ Misiones, encabezada por Gustavo Arrieta y Máximo Rodríguez, suspendió preventivamente las afiliaciones del diputado nacional Alberto Arrúa, de la ex vicepresidenta partidaria Myriam Comparín y del ex apoderado Fernando Kornuta, a quienes acusa de actuar de forma “funcional” al gobierno de Javier Milei.
La decisión profundizó el conflicto interno: para algunos sectores, se trata de una medida disciplinaria necesaria; para otros, de una señal más del uso político de la intervención para ordenar la estructura partidaria sin competencia electoral real.