Casa Rosada y gobernadores: el acuerdo por Ganancias que puede destrabar la reforma

En la antesala de la reanudación de las sesiones extraordinarias del Congreso, el Gobierno traza un balance positivo de las gestiones realizadas para avanzar con su objetivo de sancionar la reforma laboral. En Casa Rosada aseguran que el diálogo con gobernadores y sectores sindicales mejoró y confían en que los cambios que se introducirán en febrero no alterarán el “espíritu” del proyecto.

Desde el Poder Ejecutivo admiten que la aprobación de la iniciativa estará atada a modificaciones consensuadas con sectores de la oposición. Aun así, remarcan que las conversaciones políticas mantenidas durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en diciembre permitieron aceitar vínculos con legisladores y mandatarios provinciales considerados clave para el nuevo tramo del debate parlamentario.

“Estamos haciendo un trabajo fino, venimos hablando con la mayoría de los gobernadores y las negociaciones van por el buen camino”, aseguró un funcionario con despacho en Casa Rosada. En Balcarce 50 insisten en que el impacto fiscal de la reforma recaería principalmente sobre la Nación y no sobre las provincias, aunque reconocen que ese punto sigue siendo uno de los focos de tensión.

Durante una visita a Mendoza, el ministro del Interior, Diego Santilli, admitió el debate abierto con los gobernadores por el impacto de la baja de impuestos incluida en el proyecto. “Hay una baja de impuestos que afectaría a las provincias, y la recuperación de los recursos a través del empleo formal se daría desde 2027. Ese es el debate que estamos teniendo con los mandatarios”, señaló.

Las provincias reclaman eliminar el artículo que propone modificar las escalas del Impuesto a las Ganancias para sociedades, al considerar que implicaría una merma en la recaudación coparticipable. Mientras continúan las negociaciones, el Ejecutivo evalúa mecanismos de compensación. “Lo que se pierde por recaudación, se gana por generación de empleo”, sostienen en el oficialismo.

Uno de los temas que aceleró las gestiones políticas fue la reunión de la mesa chica del Gobierno, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la que participó el ministro de Economía, Luis Caputo. En paralelo, el oficialismo busca avanzar también con una modificación de la Ley de Glaciares, un reclamo impulsado por varios gobernadores con el objetivo de destrabar inversiones mineras.

Además del diálogo político, el Gobierno activó señales concretas hacia las provincias. La distribución de fondos mediante Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y el anuncio de obras públicas forman parte de la estrategia para consolidar respaldos en el Congreso.

Cómo vienen los votos en el Senado

En el oficialismo hacen un poroteo optimista. Para aprobar la ley en la Cámara alta necesitan 37 votos y estiman contar con entre 40 y 44 voluntades afirmativas. A los 20 senadores propios, suman el acompañamiento de legisladores del PRO, la UCR dialoguista y bloques provinciales como Provincias Unidas, Primero los Salteños, La Neuquinidad y el Frente Renovador de la Concordia Social.

También apuestan a profundizar las divisiones dentro del interbloque kirchnerista, una estrategia que ya funcionó en otras votaciones. En ese esquema aparecen los gobernadores peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) como ejemplos de mandatarios con buen vínculo con el Ejecutivo.

Diálogo con la CGT

En paralelo, la conducción de la CGT admite que mantiene conversaciones con el Gobierno. “Estamos hablando. Son contactos positivos, aunque preliminares. Está claro que ellos necesitan los votos y están cediendo”, reconoció un dirigente sindical de peso.

Los gremios cuestionan especialmente los artículos vinculados a la limitación del derecho a huelga, la regulación de asambleas en los lugares de trabajo y la ampliación de actividades obligadas a garantizar servicios mínimos durante los paros.

También generan resistencia las modificaciones al sistema de indemnizaciones, que incluyen la creación de un fondo de asistencia laboral. Desde el sindicalismo sostienen que ese esquema podría abaratar los despidos y trasladar el riesgo económico al trabajador.

Otro de los puntos sensibles es la flexibilización de la jornada laboral mediante mecanismos como el banco de horas, y los cambios en materia de negociación colectiva que, según los gremios, debilitan el rol de los convenios colectivos.

En el Gobierno buscan preservar algunos artículos clave, como el que elimina la obligatoriedad de que los empleadores actúen como agentes de retención de la cuota sindical. Sin embargo, en las conversaciones figura la posibilidad de modificar aspectos vinculados a las cuotas solidarias, la reglamentación del derecho de huelga y el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral.