La construcción del Hospital subzonal de Villa Gesell, una obra de infraestructura sanitaria pensada para descomprimir la atención médica en la región de la costa atlántica y beneficiar a municipios como Mar del Plata y alrededores, quedó paralizada y se convirtió en un punto de críticas hacia la administración de Javier Milei.
La iniciativa, promovida desde hace años por autoridades bonaerenses y sectores de la salud, no avanzó en su ejecución, lo que llevó a dirigentes opositores a cuestionar al Presidente por la falta de financiamiento y acompañamiento nacional en un momento en que la demanda por servicios sanitarios sigue siendo alta.
La obra, que ya había registrado avances iniciales, quedó frenada sin señales claras de reactivación desde la Casa Rosada, en medio de un contexto general de recortes o reordenamientos de proyectos públicos que generó tensiones con provincias de distintos signos políticos. Cabe destacar que el propio Milei en 2023, antes de asumir el cargo, había aclarado que "la obra pública se termina el 10 de diciembre".
Organismos provinciales y referentes locales advierten que la paralización impacta directamente en la capacidad de atención sanitaria y en la articulación de un sistema de salud regional más equilibrado.
El debate se inscribe, además, en un contexto más amplio de tensiones entre el Gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales por la disminución del ritmo de obra pública heredada y la reasignación de recursos, un reclamo que también se expresa en otras áreas de infraestructura en todo el país.
Mientras tanto, autoridades provinciales insisten en que la reactivación de proyectos sanitarios debería ser una prioridad central para mejorar las condiciones de vida en la región, y que la falta de avances no solo representa un retraso en términos de infraestructura sino también una señal política que erosiona la confianza entre Nación y las provincias en una materia tan sensible como la salud pública.
Diversos dirigentes políticos bonaerenses vienen señalando que la Nación mantiene una deuda estimada en 11 billones de pesos con la provincia de Buenos Aires, una cifra que no refiere a un único concepto sino a la acumulación de fondos no transferidos, recortes presupuestarios y compromisos asumidos y luego discontinuados.
En ese cálculo se incluyen partidas de coparticipación, programas nacionales de salud, educación y obra pública paralizados, transferencias automáticas y no automáticas demoradas, y convenios firmados en años anteriores que quedaron sin ejecución durante la actual gestión.
GZ