La reforma del Código Penal quedará relegada para el inicio de las sesiones ordinarias de marzo, luego de que el Gobierno definiera concentrar la actividad legislativa de febrero en la reforma laboral, uno de los proyectos centrales de la agenda del presidente Javier Milei.
La decisión fue terminada de consensuar en la última mesa política de la Casa Rosada, aunque en el oficialismo admiten que la postergación ya se perfilaba desde hacía semanas.
Uno de los factores clave detrás de la decisión es la aceleración de las negociaciones con las provincias para destrabar la reforma laboral, que podría sufrir modificaciones en su texto original ante los reclamos de los gobernadores aliados.
En el entorno presidencial admiten que el Código Penal requiere múltiples acuerdos bicamerales y un nivel de consenso político más amplio, lo que podría fortalecer las demandas provinciales en un contexto de negociaciones sensibles.
Otro elemento que influyó en la postergación es el escaso grado de avance de la reforma penal. Hasta el momento, no existe un borrador definitivo del proyecto, que permanece en el terreno de las definiciones generales.
La redacción del nuevo Código Penal está a cargo de dos espacios: uno integrado por el equipo técnico de la senadora Patricia Bullrich y otro encabezado por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio. Desde el oficialismo reconocen que se trata de un texto de gran envergadura, que abarca más de 900 artículos y aún se encuentra en revisión.
En la oposición, particularmente en Unión por la Patria, ponen en duda la viabilidad inmediata de la reforma. “La reforma del Código Penal no existe. No lo tienen ni claro ellos mismos hacia dónde ir”, sostuvo un legislador con peso en materia de seguridad.
También circula la lectura de que el proyecto podría reaparecer en la agenda pública ante un caso de inseguridad de alto impacto social que presione al oficialismo a acelerar el debate.
En la misma línea, el Gobierno también dejaría para el período ordinario el debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil, impulsada por Milei en la apertura de sesiones de 2025.
La iniciativa, que incluye la baja de la edad de imputabilidad, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevas figuras delictivas, quedará así postergada junto con el Código Penal para el tramo legislativo que se extenderá entre marzo y noviembre.
ND