En un contexto de alta demanda de vuelos y con miles de pasajeros circulando por el país, el Gobierno nacional resolvió extender por cinco días hábiles la conciliación obligatoria en el conflicto que enfrenta a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) con el gremio de los controladores, ATEPSA.
La prórroga, que rige hasta el 26 de enero a las 8 de la mañana, mantiene suspendidas todas las medidas de fuerza sindicales y evita, al menos por ahora, interrupciones en la operatoria aérea en plena temporada alta.
En paralelo, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el viernes 23 a las 11, que aparece como una instancia decisiva para intentar acercar posiciones en una negociación salarial que lleva meses sin resolución.
Hasta entonces, el funcionamiento de Aeroparque, Ezeiza y el resto de los aeropuertos del país continuará con normalidad, sin afectaciones para los vuelos comerciales.
EANA presta un servicio considerado esencial y se encuentra alcanzada por un régimen especial, que limita la posibilidad de paros sorpresivos y exige avisos previos de al menos cinco días, además de topes en el impacto operativo.
Durante la vigencia de la conciliación obligatoria, ATEPSA no puede convocar a paros, asambleas ni retenciones de tareas que alteren la actividad aeronáutica.
Desde la empresa estatal reiteraron su voluntad de diálogo y su intención de alcanzar una solución consensuada que evite consecuencias negativas para pasajeros, trabajadores y el sistema aerocomercial.
Del lado gremial, ATEPSA sostiene que el conflicto se originó en el fracaso de las negociaciones paritarias y en el incumplimiento de compromisos previos. A lo largo de 2024, el sindicato protagonizó múltiples medidas de fuerza, incluidas jornadas de paro nacional y protestas focalizadas en vuelos de carga y capacitación técnica.
La disputa también escaló al plano judicial. En tribunales federales se investigan dos ejes: un presunto fraude administrativo vinculado a un acta paritaria firmada a fines de 2023 y denuncias penales presentadas por EANA por acciones que habrían puesto en riesgo la seguridad operacional, como la colocación de elementos sindicales en torres de control.
La extensión de la conciliación vuelve a colocar al Gobierno en un equilibrio complejo: mientras sostiene una política de austeridad fiscal, la operatividad del transporte aéreo depende de personal altamente especializado y difícil de reemplazar.
Por ahora, la intervención de la Secretaría de Trabajo apunta a ganar tiempo, sostener el diálogo y preservar la normalidad de un servicio crítico. La audiencia del 23 de enero se perfila como un punto de inflexión en un conflicto que sigue abierto y bajo atenta observación pública.
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