A más de seis meses del corte de cinta, el puerto de Ituzaingó sigue sin mover una sola carga. La obra más ambiciosa del norte de Corrientes, financiada con más de 50 millones de dólares, quedó atrapada en la inercia política y hoy es, para el sector productivo, un símbolo de oportunidad desperdiciada.
La crítica es directa. “Esto no es un problema técnico, es político”, aseguró Pablo Rigal, gerente forestal de Las Marías. La falta de un marco normativo que permita operar con barcazas competitivas —tras el rechazo del Decreto 340/25 en el Congreso— bloqueó el funcionamiento real del puerto.
El impacto es concreto: los costos logísticos explican hasta el 30% del precio final de la producción regional. El transporte fluvial permitiría ahorrar hasta 1.000 dólares por contenedor exportado y mejorar la competitividad de sectores clave como la madera y la yerba mate. Nada de eso ocurre.
A eso se suma otra denuncia incómoda: empresas extranjeras interesadas en invertir no logran siquiera ser recibidas por funcionarios nacionales. “No piden subsidios, piden reglas claras. Y ni eso tienen”, resumió Rigal.
En Corrientes, el diagnóstico es compartido: sin decisión política en Buenos Aires, el puerto seguirá cerrado y el desarrollo productivo de la región, otra vez, postergado.