La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) formalizó una advertencia crítica ante el Senado nacional al señalar que el proyecto de modernización laboral contiene puntos que dispararán la conflictividad judicial. Aunque la entidad acompaña el espíritu de los cambios propuestos por el Ejecutivo, exige de manera "imperiosa" la supresión de un bloque específico de siete artículos para garantizar la seguridad jurídica del sector.

El documento enviado al Congreso detalla que estos puntos desvían el objetivo central de la reforma al romper el equilibrio entre las partes. En base al texto oficial del proyecto, el conflicto se centra en la pérdida de previsibilidad económica que genera la discrecionalidad estatal para suspender convenios.

Mientras las cámaras empresarias exigen "podar" la ley, el Gobierno acelera la búsqueda de votos en el interior. El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió en Salta con el gobernador Gustavo Sáenz, quien alineó su apoyo a la reforma a cambio de obras de infraestructura estratégica para la provincia.
Sáenz fue claro al plantear que la adhesión de su provincia depende de una "mirada federal" que incluya el financiamiento de rutas nacionales críticas para la conectividad del Norte. Este trueque de "votos por asfalto" será el modelo que Santilli intentará replicar este jueves en Neuquén para blindar el quórum de febrero.
Sin embargo, el planteo de la CAME añade un obstáculo técnico: el oficialismo debe decidir si mantiene la intransigencia o cede ante el sector pyme para evitar que la ley nazca bajo la sombra de una nueva "fábrica de juicios".
TM